Gremio de España usa contra Santos quejas de empresarios colombianos
En su carta a la UE en busca de apoyo, Ceoe citó una declaración de Andi y otros gremios para arremeter contra el clima de negocios en Colombia. Fuentes empresariales de nuestro país replicaron que dicha declaración pretendía mejorar el marco jurídico para desarrollar negocios, y no guardaba relación con el asunto Electricaribe, que es de presunto incumplimiento de obligaciones por parte de GNF.
Gremios nacionales y del Caribe se pronunciaron ante la carta que envió el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), Juan Rosell, a la Unión Europea (UE) en la que señala que el entorno empresarial en Colombia “es cada vez más desfavorable” y en la que califica como “ilegal” la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos a Electricaribe.
Al respecto, el gerente seccional Atlántico y Magdalena de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Alberto Vives, señala que ha habido desinformación en España sobre cuál ha sido la situación local. Y recuerda que “la compañía incumplió con las inversiones, lo cual se demostró con la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos”.
Sobre esto, la Ceoe manifiesta que se trató de una “toma” a Electricaribe y la definen como una “expropiación de facto de la empresa”. Fuentes cercanas al ente de control indicaron que las decisiones que se tomaron en el organismo son netamente técnicas. Y calificaron el hecho como “un matoneo mediático para el país”.
Para Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi, todo empresario tiene derecho a acudir a los entes que considere. “Sin embargo, en este caso Gas Natural Fenosa (GNF) actúa como un inversionista europeo y nosotros actuamos como los usuarios que recibimos la prestación de un servicio público, que si bien es brindado por una empresa privada es transversal, ya que atiende a cualquier tipo de usuarios (industriales o domiciliarios). Por tal razón, este es un asunto de interés común y prima sobre el interés particular, que en este caso es del empresario, es decir de GNF”, explicó.
La dirigente gremial destaca además que la Ceoe no debería basarse solamente en lo manifestado por la multinacional española, que tiene participación en una empresa que no está cumpliendo con la labor como corresponde. “Si fuera una compañía exitosa y que cumpliera con las condiciones apropiadas no estaríamos en esta situación. Y si a Colombia le tocó intervenir a Electricaribe a través de la Supersociedades es porque era necesario y fue la última opción que tuvo”.
También dijo que si hay inversionistas interesados en mejorar un relacionamiento que está siendo débil, les corresponde mirar qué otras inyecciones de capital se deben hacer para cumplir y cerrar las brechas “que son las que han llevado a una crisis técnica en la prestación del servicio”, anotó.
Por otra parte, en la misiva de Rosell a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, se cita el clima de incertidumbre manifestado por empresas del sector mineroenergético de Colombia, haciendo uso de esta situación para llamar la atención de la UE ante el tema de la filial de GNF.
Los gremios citados por la Ceoe señalaron que: “la declaración conjunta, firmada el pasado 24 de febrero, se refiere a la situación de incertidumbre jurídica y a la desarticulación entre las competencias del Estado, los entes territoriales y los mecanismos de participación ciudadana. Esta es una iniciativa que surgió por parte de los representantes del sector de minería, energía, gas, petróleo y servicios públicos, y que no tiene relación con la situación de Electricaribe”.
En sintonía con lo expresado por el gerente seccional de la Andi, la presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José Vengoechea, dijo que el interés del gremio en todo este debate ha sido velar por la productividad y por la competitividad de los empresarios. Y que “respetan” las decisiones tomadas por la Superintendencia de Servicios Público.
“Por otro lado, consideramos que es necesario que los gremios españoles profundicen en el conocimiento de la situación real encontrada por la Superservicios, con respecto a las inversiones realizadas por la empresa y las consecuencias que esa falta de inyección de capital tuvo en la calidad del servicio prestado”, puntualizó.
Fecha límite
El próximo 14 de marzo se vence el plazo de cuatro meses establecido para definir qué pasará con la compañía que atiende a 2,6 millones de usuarios en la Región Caribe.
