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Jorge Pretelt Tomada de internet
Colombia

Corte llama a juicio al suspendido magistrado Pretelt

El togado cordobés, tras ser despojado de su investidura por el Congreso, deberá responder por el escándalo de Fidupetrol ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio ayer al suspendido magistrado cordobés de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, por el delito de concusión en medio del sonado escándalo de Fidupetrol.

Pretelt, quien de manera inusual en la historia reciente del país será juzgado por sus hasta hace poco colegas de togas, deberá presentar, junto con su abogado, el también cordobés Abelardo de la Espriella, las nulidades y pruebas del caso hasta el próximo 13 de diciembre.

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El magistrado fue despojado de su investidura por el Senado en agosto pasado, envió su acusación ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria y, en simultánea, le seguirá un juicio político al jurista monteriano.

Es señalado Pretelt de un supuesto soborno de 500 millones de pesos para favorecer el trámite de una tutela de la extinta fiduciaria Fidupetrol ante la alta corte defensora de la Carta Magna.

El magistrado ponente del caso será José Francisco Acuña.

 

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El suspendido togado cordobés asegura ser inocente, como lo reiteró ante la plenaria del Senado a finales del pasado mes de agosto: “está demostrado en el expediente que no recibí dinero, que no pedí dinero, y que el abogado Víctor Pacheco no estuvo en mi casa”, afirmó, refiriéndose al ex representante de Fidupetrol, el barranquillero Pacheco, quien confesó ante la justicia y se convirtió en testigo de la Fiscalía en este caso.

Pese a sus aseveraciones, el pleno de la cámara alta aceptó la acusación en su contra, activándose así el proceso en la Corte Suprema e iniciando los primeros pasos de un juicio político que deberá surtirse en el recinto del Capitolio.

Pretelt, de ser hallado culpable en la alta corte de la jurisdicción ordinaria, podría ser condenado a una pena de entre seis y 10 años de cárcel.

El escándalo de Fidupetrol puso en su momento en entredicho la legitimidad institucional de la Corte Constitucional, órgano que gozaba de gran prestigio.

 

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