Corte ordena a la UNP proteger a 128 ex-Farc
El alto tribunal otorgó las medidas cautelares a un grupo de excombatientes en Nariño que están amenazados de muerte.
Con la finalidad de garantizar la seguridad y la vida de 128 excombatientes de las Farc, la Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar una serie de medidas cautelares encaminadas a proteger a esta población que se encuentra en Nariño..
El alto tribunal señaló que los exguerrilleros “se encuentran en reiterada amenaza de muerte” por lo que la UNP deberá adelantar “los trámites pertinentes para hacer la entrega efectiva de las medidas de protección que se adoptaron a favor de la comunidad de Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal”, señala el expediente T-7.987.084AC.
Esa comunidad está integrada por los excombatientes que hacen vida en zona fronteriza con Ecuador y donde tienen presencia uniformados del ELN y el frente ‘Oliver Sinisterra’.
La Corte también ordenó que, a través de la Secretaría General de esa Corporación, “se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el cumplimiento de la medida provisional expedida en el presente auto”.
La decisión de la Corte busca además proteger los derechos a la vida y a la salud de los excombatientes y emplaza a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación a ser garantes de la situación.
El alto tribunal exhorta a la Fiscalía, en particular a la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, “a adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y signatarios del Acuerdo Final, determinando autores materiales e intelectuales, al tiempo que la existencia o no fenómenos de macrocriminalidad, sistematicidad y de patrones de repetición”.
De igual forma, el auto señala que la gravedad de la situación que exponen los demandantes en sede de tutela, así como las evidencias e indicios presentes en los asuntos puestos a consideración de la Sala “permiten concluir que se cumplen las exigencias previstas en el ordenamiento y reiteradas por esta Corte Constitucional”.
De acuerdo con el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), en lo que va de 2021 nueve excombatientes han sido asesinados en el país, mientras que en los últimos cuatro años (luego de la firma del Acuerdo de Paz) han sido asesinados 255 excombatientes de la extinta guerrilla.
