Los barranquilleros Nury De Piñeres de Soto y Julio César Andrade Andrade fueron dos de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia durante los hechos ocurridos hace 29 años, cuando el país escribió, y sigue escribiendo, uno de los pasajes más violentos de nuestra historia.

Al caer bajo el fuego, Nury De Piñeres, quien se crió en el barrio El Carmen, se desempeñaba como eficiente secretaria del magistrado Dante Fiorillo Porras, de origen momposino, y quien falleció de un infarto al conocer la noticia de la toma y retoma. El jurista no se encontraba en su oficina cuando el M-19, y después el Ejército, produjeron el holocausto. Él estaba internado en una clínica bogotana por una dolencia cardiaca en ese luctuoso noviembre de 1985. Había llegado a la Sala Penal de la Corte después de desempeñarse en el Tribunal Superior de Barranquilla. A su vez, Julio César Andrade era magistrado auxiliar y hasta 1982 había sido aquí el juez 15 de Instrucción Criminal, después de desempeñarse con lujo en otros cargos de la rama. 

Hasta la fecha hay dos condenas, las de general Arias Cabrales y la del coronel Plazas Vega, a quien hace dos años le ratificaron la sentencia. Víctimas y abogados consideran que por lo menos 50 miembros más del Ejército, el DAS y la Policía deben ser vinculados al caso. Pero hay más: el M-19 fue indultado hace años y solo pesan sobre los militares las condenas mencionadas, además de otros pocos casos que esperan se resuelva su situación jurídica.
Por esa razón dos tesis chocan frente a este espinoso tema. Una dice que así como fueron indultados los guerrilleros del M, también lo sean los militares, aplicándoles la justicia transicional. De esa manera, con el argumento de la justicia y la reparación, los militares involucrados hubiesen podido confesar en dónde sepultaron a los desaparecidos. La otra señala que no se les pueda dar a los militares el tratamiento de los guerrilleros indultados, porque siendo miembros de la Fuerza Pública su obligación debía ser el cumplimiento de su deber, sin transgredir las leyes.

Han pasado 29 años y esa toma y sus consecuencias siguen latentes. No solo por las condenas dictadas y las críticas y profundas heridas ocasionadas en todos los frentes, sino también por la gran injusticia cometida. Además del impacto emocional, los colombianos estamos en riesgo de ser condenados dentro de poco por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo sería contra el Estado, y el Estado somos todos. Incluyendo al patético expresidente Belisario Betancur y su ministro de Justicia, Enrique Parejo. Ni qué hablar de la ministra de Comunicaciones de entonces, Noemí Sanín, que en medio del desespero ordenó emitir un partido de fútbol durante la toma y retoma. Sospechoso ha sido siempre que la esposa del también ministro Jaime Castro y el magistrado Jaime Betancur, hermano de Belisario, salieran del Palacio con vida antes de la hecatombe.

Ayer en la tarde hablé con un hermano de Nury De Piñeres. Van casi tres décadas y la herida no sana. A esa hora, hace 29 años, ella y Julio Cesar seguían con vida.

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