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Luis Polo maneja su bicicleta para llegar al centro de conciliación.
Economía

Insolvencia, un salvavidas a sus deudas

La Ley 1564 para las personas naturales insolventes es un mecanismo que propicia la búsqueda de conciliaciones para no llegar a procesos jurídicos.

149,2 billones de pesos asciende la deuda de los colombianos con el sistema financiero. De acuerdo con el estudio de Rising Latinos, de Kantar Worldpanel, en Colombia hay más de 15 millones de personas endeudadas, de las cuales el 30% está reportado con puntajes negativos en las centrales de riesgo financiero del país Datacrédito, Procrédito y Cifin.

Sin embargo,  los deudores tienen a su favor la Ley 1564 de 2012 que contempla la posibilidad de que las personas naturales no comerciantes puedan declararse en situación de insolvencia económica, con el fin de lograr acuerdos con los acreedores, antes de llegar a procesos jurídicos que pueden resultar en embargos de salarios o remates de bienes.

Uno de los que acogió la Ley de Insolvencia “como un salvavidas a sus deudas” fue Luis Polo, de 57 años. Oriundo de Plato, Magdalena, llegó a Barranquilla en los años 80, con la intención de buscar una estabilidad económica para él y para su hija.

“En 1988 empecé a trabajar como vigilante. Mi familia y yo estábamos estables, pero en el 2003 los bancos comenzaron a ofrecerme tarjetas de crédito. Yo caí en la tentación. Además, les serví a mis dos sobrinas como codeudor. Me sobrendeudé”, dice Polo, quien debe más de $12 millones a siete entidades financieras, personas naturales y establecimientos comerciales.

“Es imposible cubrir todas mis deudas con un sueldo de $644.000. Además, debo mantener a mi familia”, asegura el vigilante.

La creación de la Ley de Insolvencia le permitirá hacer propuestas de pago que respondan a su realidad financiera y no a las exigencias de cada uno de sus acreedores.

Beneficiados. Datos del Ministerio de Justicia indican que en el país 252 personas han sido beneficiadas con el mecanismo. En Barranquilla, se reportan 42 casos, de los cuales 12 están en trámite, en 10 se llegó a un acuerdo, 13 se encuentran en juzgado en proceso de liquidación o resolviendo objeciones, y en los otros siete procesos, el deudor desistió de la solicitud o se rechazó porque no cumplió completamente con los requerimientos.

Estos acuerdos pueden llevarse a cabo en entidades avaladas por el Ministerio de Justicia, como Notarias, Centros de Conciliación y Consultorios Jurídicos de las facultades de derecho.

“Es un procedimiento relativamente nuevo en Colombia. Se aprobó hace 3 años, pero llevó cierto tiempo iniciar su desarrollo porque fue necesario capacitar a los entes encargados de las conciliaciones”, indica Wilson Córdoba, profesional de la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Minjusticia.

Córdoba expresa que es necesario promocionar más el tema, ya que aún muchos colombianos desconocen esta herramienta legal que busca descongestionar los juzgados al evitar el inicio de nuevos procesos de cobro jurídico.

Opiniones. Adriana Puello, quien presta dinero hace 10 años, inicialmente estaba en contra del sistema, pero luego lo entendió como una forma para recaudar la cartera que pudo perder.

“Al principio me molestó esta ley porque cuando uno presta dinero hace ciertos términos de pago y luego resulta que no pueden pagarlo así. Sin embargo, ahora miro este mecanismo como la oportunidad de recuperar un dinero que pude haber perdido”, reconoce Puello.

Por su parte, Óscar Marín, uno de los abogados conciliadores de la Fundación Liborio Mejía, el único centro avalado por el Ministerio de Justicia, en Barranquilla, considera que la palabra insolvencia más que asustar es una oportunidad para renegociar sus deudas.

“Son muchos los beneficios que tienen las personas que se acogen a esta Ley. Uno de ellos es que con el inicio del proceso de insolvencia se suspenden los procesos ejecutivos que cursan en contra de los deudores”, destaca Marín.

Congreso

El Primer Congreso Nacional de Insolvencia Económica de Persona Natural No Comerciante tendrá lugar en Barranquilla del 3 al 5 de septiembre. El evento, organizado por la Fundación Liborio Mejía, estará dirigido a abogados, notarios, contadores, jueces, asesores financieros, profesores de derecho, empleados de entidades financieras, miembros de la rama judicial, estudiantes de derecho y contabilidad, directores de centros de conciliación, operadores de insolvencia, conciliadores, acreedores y deudores en general.

 

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