Crece el escándalo Odebrecht en Colombia, con las preocupantes revelaciones que van trascendiendo a medida que las autoridades avanzan en la tarea de desenredar la madeja de los sobornos.
Todo comenzó con una confesión que hiciera a la justicia estadounidense el coloso brasileño de la contratación en infraestructura. Aunque las informaciones salpicaban inicialmente los procesos de contratación en Colombia en menor proporción que en otros países latinoamericanos, el caso ha ido subiendo de intensidad con el paso de los días. Y ayer dio un salto inesperado, e inquietante, al tocar a las puertas de la mismísima Presidencia de la República.
La Fiscalía General de la Nación señaló que parte de los sobornos que Odebrecht pagó en Colombia habrían terminado en la campaña por la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Indica que “la gerencia de la campaña” habría sido el “beneficiario final” de dos giros que tramitó el excongresista Otto Bula por un millón de dólares.
Valga anotar que el principal competidor de Santos en esos comicios, Óscar Iván Zuluaga, enfrenta un proceso de responsabilidad similar, ya que pesan contra él señalamientos de que su campaña habría recibido 1,6 millones de dólares de Odebrecht.
Estamos, pues, ante una situación de extrema gravedad para la propia salud de la democracia. Lo que sabemos a ciencia cierta hasta ahora es que Colombia ha venido tratando con una empresa acostumbrada a corromper gobiernos y políticos, en un entramado delictivo que está saliendo a la luz pública en todo el continente.
Si Odebrecht extendió sus tentáculos a las campañas políticas fue, naturalmente, porque pretendía asegurarse los favores de quienes pueden influir en la adjudicación de los grandes contratos públicos. Esto toca jugosos proyectos viales o la APP para la navegabilidad del Río, además de tender un inevitable manto de sospecha sobre la forma en que se ha manejado la contratación pública en el país en los últimos años.
El Gobierno, a través del secretario de Transparencia de la Presidencia, ha rechazado con rotundidad las acusaciones. Pero será la Justicia la que decida el curso de los acontecimientos en este gravísimo asunto.
El fiscal general parece dispuesto a actuar sin contemplaciones. Confiamos en que así sea y que no estemos ante fuegos de artificio que se apagan cuando los poderes se ven amenazados. Ojalá que no se reproduzcan las clásicas componendas de la clase política para tapar la inmundicia de la corrupción cuando el hedor se hace insoportable.
Encauzados los procesos de paz, la corrupción es hoy el gran enemigo del país. El reto es impedir que siga corroyendo los cimientos del Estado y termine por minar la democracia. Para que después no tengamos que lamentar el ascenso de populistas de cualquier signo, hábiles para sacar provecho del descontento popular.
