Extranjeros que vendan productos regulados perderán nacionalidad venezolana
Maduro informó ayer que aprobó un decreto para prohibir la venta de productos de primera necesidad en la economía informal "porque el pueblo está indignado"
El Gobierno de Venezuela advirtió hoy a los comerciantes informales extranjeros que trabajan en el país que pueden perder la nacionalidad o los permisos de residencia si se determina que venden productos regulados como alimentos de la cesta básica o medicamentos.
"La violación de la ley, del ordenamiento jurídico, es causal para perder la nacionalidad o los permisos de residencia que hayan sido emitidos por la república, en ese particular nosotros vamos a actuar con toda la severidad necesaria", dijo a periodistas el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
El superintendente comentó que Venezuela acoge a muchos extranjeros "porque los queremos y los apreciamos" pero no para que violen las leyes del país.
Méndez indicó que la medida se enmarca en un plan de "abordaje a la economía popular" para detectar a los comerciantes informales que están vendiendo los productos regulados que se iniciará "en las próximas horas".
El plan, dijo, consta de tres fases, una de educación y advertencia, otra de decomiso y multa, y una tercera de detención y pase a tribunales de los que incumplan la ley.
Explicó que estos comerciantes o buhoneros revenden los productos regulados a precios muy superiores a los estipulados por el Estado y de esta forma "roban el salario del pueblo".
El presidente Nicolás Maduro informó ayer que aprobó un decreto para prohibir la venta de productos de primera necesidad en la economía informal "porque el pueblo está indignado".
"La orden es muy clara, tiene que acabarse ya la especulación y la venta en la calle de productos de primera necesidad", dijo.
El anuncio lo hizo tras informar que aprobó una reforma de la Ley de Precios Justos para penalizar con hasta 14 años de cárcel a los implicados en contrabando, a quienes también se les confiscarán todos sus bienes, lo que dará al delito un tratamiento similar al que se aplica en materia de drogas en el país.
