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Casa del barrio Olaya en la que convocan a las personas para que realicen la firma del “contrato de donación”. Archivo
Judicial

“En este negocio, los que responden por la plata son los líderes”

EL HERALDO habló con una persona vinculada al proceso de “indemnización” en que la abogada Jisella Escobar promete donaciones millonarias a quienes realizan aportes.

La organización que promete millonarias donaciones “reales, efectivas y gratuitas”, a cambio de aportes económicos al momento de comprar un presunto título para hacer parte de un “programa de indemnización”, empieza a despertar incredulidad entre sus inscritos.

Para Héctor Camargo* resulta inverosímil que alguien entregue tanto dinero con el argumento de que son auxilios para vivienda. “Consiste en que tú pagas $800 mil para que te den $180 millones. Y después uno no tiene que devolver la plata”, afirma el hombre.

Cuenta que un familiar suyo se inscribió en el programa hace un año y que, pese a las alertas que le hizo sobre la posibilidad de que se pueda tratar de una estafa, nada fue suficiente para evitar que este “comprara un cupo para una casa”.

Aunque el hombre se negó a revelar su identidad, contó que participó esta semana en una reunión que fue convocada en una casa ubicada en el barrio Olaya, al suroccidente de Barranquilla, en el que habían varias personas firmando un “contrato de donación” para pactar la fecha del esperado pago.

“Dijeron que la próxima semana se reunirán de nuevo para autenticar el contrato de donación y que ahí mismo les consignan el 50%. Comentaron que después de algunos meses pagarán el resto”, afirma Camargo.

Lo que le explicaron. De acuerdo con lo indicado en una copia de tal contrato, al que tuvo acceso EL HERALDO, la persona que se declara como donante responde al nombre de Jisella Fernanda Escobar Henao.

El nombre de Jisella no resultó desconocido para Héctor, quien señala que ella es quien se encarga de explicar los pormenores del programa durante las reuniones, a quienes denomina “beneficiarios”. 

“El asunto consiste en que hay una abogada que dice haber ganado un litigio a la Alcaldía de Barranquilla. Esa abogada es Jisella. Supuestamente ese litigio consistía en que la Alcaldía le tenía que dar unos subsidios de vivienda a una gente hace algún tiempo, lo que ella demandó y por lo que ganó una gran cantidad de dinero. Pero dice que muchas de las personas que iban a recibir los subsidios ya habían muerto. Supuestamente, por alguna buena voluntad, ella decidió vender los cupos”, comenta el hombre.  

Sin embargo, Alfredo Del Toro, jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, señaló que no hay una sentencia a favor de Escobar o algún proceso a su nombre.

La instauración de tal demanda también es referida en el “contrato de donación”, donde es indicado que Escobar adquirió una indemnización de la Alcaldía, y que tales recursos los destina para el desarrollo de programas de vivienda.

En este es especificado que habrá una única fecha de pago, no dos. Indica el documento que la fijación de esta depende de que primero sea elevado el contrato a escritura pública ante un notario dentro de los 60 días siguientes a la fecha del encuentro inicial en la casa. De esta manera, indica el texto, el pago será al día hábil número 15 posterior a la firma del contrato en la Notaría.

POR UN CUPO. Camargo precisa que acceder al “programa de indemnización” no resulta sencillo. Explica que para ello debe ser invitada la persona por alguien a quien llaman líder, quien luego se convierte en el representante legal del sujeto, si este realiza la compra del cupo.

“Uno se entiende con el líder. Jisella no es la que entrega la plata a la gente. Ella la da a unas fundaciones y estas a los beneficiarios”, señala Héctor.

Precisamente, es a través de fundaciones que opera la organización. De acuerdo con declaraciones dadas por otro participante del programa que está también a la espera de su pago, cada líder debe crear una fundación para recibir los desembolsos. “Hay líderes que tienen hasta 100 inscritos”, cuenta este, quien también pide reserva de identidad.
Pero Camargo entrega más detalles. “Estas (las fundaciones) emiten un certificado en el que dicen que las personas trabajan como supernumerarios allí, pero ese es un término que solo se aplica para instituciones públicas, lo que resulta extraño”.

EL HERALDO tuvo también acceso a unos de estos documentos, en los que una fundación hace constar que uno de sus miembros funge como “supernumerario en uno de nuestros programas sociales”. El documento es firmado por Íngrid Quintero Hernández, quien se identifica como representante legal de tal organización.

LA VISITA. Camargo recuerda que el día que entró a la casa en la que suelen reunir a los “beneficiarios”  para firmar el contrato de donación, “había un montón de gente” junto a él.

“Inicialmente había un pastor de una iglesia con gente que era parte de esa misma. Luego me enteré que el pastor es líder. Todos van allí a entregar sus papeles”, manifiesta.
Para él lo más grave de todo es que la gente “está emocionada”. Relata que algunos han creado historias en torno a Escobar Henao al afirmar que tales donaciones las realiza por recomendación de un exfiscal General de la Nación que es amigo suyo.

“La gente todavía no está en esa etapa de víctima. Creen que todo funciona, que está perfecto y que todo va bien”, finaliza el hombre que se atrevió a romper el silencio sobre el presunto modus operandi de la organización que capta dinero para ofrecer millonarias “donaciones”.

OTROS DETALLES DEL CONTRATO. En el documento referido como contrato de donación hay unas disposiciones legales relacionadas con las obligaciones del donante y del donatario.

Entre estas se encuentra la obligación del donatario para que, por el término de cinco años, no enajene, ni arriende, ni hipoteque el bien inmueble que adquirió con el dinero de la donación. 

Que este tendría dos meses para realizar la compra del bien inmueble o de la inversión que requiera hacer y que si no cumple quedará sin efecto el contrato.

Pero tal donación puede revocarse por “ingratitud del donatario” cuando cometa algún delito contra la persona, la honra o los bienes de “el donante” o de los ascendientes, descendientes o cónyuges de este. Sin embargo, ese “donante” aparece entre comillas y no en negrita como en el resto del texto, por lo que no queda claro a quién se refiere exactamente.

También podrán quitarle el dinero al beneficiado si este se rehúsa a socorrer al “donante”, en caso de que le sobrevenga una situación de pobreza. Indica el documento que tal revocatoria solo podrá ejercitarse en el plazo de un año, contado a partir “de que tenga conocimiento el donante de algún supuesto”. No obstante, no queda claro a qué se refiere con “supuesto”.

“ESTAMOS VIGILANDO”

Josefa Cassiani, Alta Consejera para la Seguridad del Distrito, indicó que una vez conocieron del caso de la organización que capta dinero para la entrega de donaciones, la Policía Judicial tomó evidencias del caso. Afirmó que están vigilando y que las denuncias deben ser presentadas ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. “Estamos vigilando el tema”, aseguró la funcionaria. Destacó la importancia de que las personas investiguen este tipo de donaciones que vinculan a la Alcaldía y ratificó que no hay ningún proceso a favor de Jisella Escobar Henao. Ayer, a las afueras de la casa donde realizan las reuniones, hubo poca afluencia de personal, diferente a la que se evidenció el viernes en horas de la mañana. 

*Nombre cambiado para proteger identidad.

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