Ante las constantes muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición y por orden del Tribunal Superior de la capital, el Gobierno Nacional estudia declarar el estado de emergencia económica y social en el departamento de La Guajira.
Hasta el miércoles tiene plazo el Ejecutivo de tomar la decisión que permitiría la adopción de medidas de fondo para atender a los habitantes de la península, como reza el artículo 215 de la Constitución Política, que define la emergencia y que dispone su adopción cuando haya hechos que 'perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico'.
Con este estado, el presidente podría dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis 'y a impedir la extensión de sus efectos', con facultades transitorias como 'establecer nuevos tributos o modificar los existentes' y otras medidas de orden económico.
La evaluación que tiene lugar en estos momentos en el Ejecutivo se deriva de una orden del viernes pasado del Tribunal Superior de Bogotá, tras una tutela interpuesta por la representante de las comunidades wayuu, Carolina Sáchica, que advierte que desde hace varios meses le han insistido al Gobierno para que se declare la emergencia social.
La corte capitalina, entonces, le dio un plazo de 48 horas a la Presidencia para responder, además, a la luz de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, con el objeto de proteger los derechos fundamentales de los niños guajiros.
En la tutela se lee que 'el estado de excepción se muestra como una facultad extraordinaria que tiene exclusivamente el presidente de la República para intervenir con rigor una situación de gravedad social, económica y ecológica que se le ha salido de las manos al Estado y que hoy requiere una verdadera intervención'.
Por ahora, desde Palacio ha trascendido que, supuestamente, el estado de excepción se venía barajando desde hace meses ante la crisis social de la península.
