Polémica por sanciones al uso “excesivo” del agua en Barranquilla
Gremios y veedores critican la medida que limita el uso de agua hasta 32 m3. Alcaldía y Triple A consideran positiva su implementación.
Las sanciones anunciadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable para quienes despilfarren agua, que para el caso de Barranqulla es de un máximo de 32 metros cúbicos mensuales por familia a partir de este jueves 10 de agosto, generaron ayer una polémica entre diversos sectores de la ciudad.
La medida, que fue adoptada por el Gobierno Nacional para ayudar a mitigar el impacto de la intensa sequía que afecta al país, fue recibida por los gremios como una “solución desacertada”, como la calificó la presidenta del Intergremial, Beatriz Vélez.
“Hace como dos años adoptaron también esa medida y opinamos lo mismo. Para el caso específico de Barranquilla no tiene sentido, pues el problema del agua no está en la desembocadura del río Magdalena, el problema es que todas las vertientes del río están secos”, aseguró la dirigente gremial.
Vélez lanzó una pregunta al aire: “¿En qué contribuye a la crisis nacional el que Barranquilla consuma solamente 32 metros cúbicos?”
Como forma de zanjar la situación -afirma la dirigente- invito al Gobierno Nacional a estudiar la medida, pues la generalización no aplica en todos los casos. “Lo que se puede hacer es que tomen agua del mar y la desalinicen”, asevera.
Entre tanto, la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, como el gerente comercial de Triple A, Carmelo Faillace, tienen otra opinión al coincidir en que, a pesar de que la ciudad no se ve afectada de manera directa por los efectos de la sequía en la región, el objetivo de la resolución de la CRA es el desincentivo del gasto excesivo de agua e iniciar la implantación de buenos hábitos de consumo.
“Barranquilla es la capital del Caribe, y como tal no podemos si no levantar nuestra voz para pedirles a todos que seamos solidarios (…) cualquier medida que se adopte también nos cobija y debemos atender”, aseguró la mandataria distrital.
Faillace dejó nuevamente en claro que en Atlántico “no existen en este momento problemas de desabastecimiento derivados por el Fenómeno del Niño”, advirtió.
Reconsiderar medida
Para el directivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (Acodal), Víctor Téllez, es “increíble que a Barranquilla se le pretenda castigar obligando a consumir a sus ciudadanos menos de 32 m3 de agua por familia-mes, cuando nuestro río Magdalena transporta por segundo entre 10.000 y 14.000 m3”.
“Así no se puede (…) los errores de los funcionarios del gobierno no pueden cobrárselos a sus ciudadanos”, asegura.
Entre tanto, para Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia, resulta “inconveniente, inequitativo y hasta posiblemente ilegal” el hecho de que la falta de medidas de prevención y de manejo ambiental por parte de las entidades públicas nacionales la trasladen, “de una manera excesivamente irresponsable”, al aumento de los costos a una parte de la comunidad.
“Pensamos que eso que pretenden es una improvisación en materia medioambiental y de recursos hídricos que están traduciéndose en políticas ventajistas para ciertos operadores y en el sacrificio de la comunidad”, reafirma Bustos.
El concejal de Barranquilla y también médico Oswaldo Díaz Insignares considera que el Gobierno Nacional deberá replantear la medida, debido a las altas temperaturas que se registran en Barranquilla. En su concepto, los 35 y 37 grados centígrados traen consigo una serie de trastornos médicos, como cardiopatías. “La gente necesita consumir bastante agua” recalca Díaz.
Las críticas apuntan igualmente a que en algunos sectores del país, la medida se encuentra sectorizada (como es el caso del Valle del Cauca) y en el Atlántico es unificada, aún cuando existen zonas que no se encuentran en emergencia.
Vigilancia de entidades
Las críticas sobre la resolución 692 de 2014, implementada por la Comisión de Regulación de Agua Potable para enfrentar la temporada de sequía que azota a buena parte de la Región Caribe, llegan justo cuando la Procuraduría General de la Nación conminó a las autoridades territoriales a entregar, en un plazo no mayor de 10 días, un informe sobre las medidas preventivas tomadas para afrontar la temporada de sequía que vive el país debido al fenómeno de ‘El Niño’.
Además, las corporaciones autónomas ambientales deberán realizar un estudio para racionalizar todas las concesiones de agua otorgadas para privilegiar el consumo doméstico, como también hacer uso de las herramientas legales para proteger el recurso hídrico y garantizar su sostenibilidad.
