Samarios se niegan a pagar la nueva tasa de seguridad
Tribunal avala cobro desde este mes en la factura de energía.
El Tribunal Administrativo del Magdalena avaló el cobro por parte de la Gobernación de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocida como ‘tasa Mello’, que aplicará inicialmente en Santa Marta. Su cobro se hará efectivo desde este mes de octubre a través de la factura de energía.
El máximo tribunal concluyó que la Ordenanza 006 del 6 de agosto de 2012 de la Asamblea Departamental, que creó la contribución, “no adolece de ningún vicio de nulidad”.
“Se evidenció con claridad que dicho acto fue expedido por quien tenía la competencia para hacerlo y con base en las normas en que debía fundarse”, dice el fallo.
Lo anterior controvierte lo afirmado por los ciudadanos César Marcucci Vera, Edgar Hernández Murcia y Julio Canchano, que promovieron la demanda de la ordenanza.
Una de las conclusiones en las que el tribunal se basó para adoptar la sentencia es que “la Asamblea del Magdalena, por autorización constitucional, puede establecer los elementos de los tributos territoriales”.
La tasa de seguridad fue aprobada por la Asamblea del Magdalena en julio del 2012 y su facturación mensual se hará a través del recibo de energía a los usuarios de los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 con valores que oscilan entre 2.300 y 23.000 pesos.
RECHAZO. Los diputados Humberto Díaz y Robinson Morelos, los únicos que no votaron dicha ordenanza, dijeron ayer que este cobro es “inconstitucional” porque la Asamblea asumió una competencia que no era la suya. “Se viola la autonomía administrativa de los alcaldes”, anotan.
Díaz asegura que “los 30 municipios del Magdalena, incluyendo el Distrito, ya tienen estos fondos de seguridad por tanto se pagaría por una doble tributación.
“Aunque respetamos los fallos judiciales conminamos a los demandantes de la ordenanza para que apelen cuanto antes el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena ante el Consejo de Estado”, enfatizó Morelos.
La concejala Nelly Cadena consideró que la tasa es lesiva. “Ni la ciudad ni el Departamento se han beneficiado con fondos de seguridad, por tanto la convocatoria es a no pagarlo”, anotó.
