El Heraldo
El interés de la Alcaldía de Santa Marta era recuperar la soberanía tributaria. Archivo
Magdalena

Tribunal de Magdalena tumba pretensión de R&T de mantener concesión de impuestos

Declaró improcedente solicitud de aclaración que había hecho firma.

El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró no procedente la solicitud de aclaración que Recaudos y Tributos, R&T, hizo sobre el fallo que levantó la medida cautelar que impedía al Distrito de Santa Marta  terminar unilateralmente el contrato de gestión de los impuestos en la ciudad y dio vía libre al alcalde para recuperar la soberanía tributaria.

Con ponencia de la magistrada María Victoria Quiñones Triana, la alta instancia judicial resolvió el escrito que presentó el abogado, Gustavo Aponte, solicitando la clarificación de los argumentos que la funcionaria expuso en el auto que con fecha 16 de marzo del 2015 levantó la suspensión de la medida.

Revisado el escrito del apoderado de R&T, el tribunal advirtió que no era viable en razón a que “los autos se podrán aclarar cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia, o influya en ella”.

En ese orden – dice el fallo-  resulta improcedente la aclaración debido a que la misma no tiene por fin se aclare nada en absoluto de la parte resolutiva de esa providencia.

“Por el contrario, se exponen inconformidades de fondo sobre el levantamiento de la medida cautelar”, precisa el auto con fecha 26 de marzo.

RESPETO POR LA LEY

Con la buena nueva para los intereses del Distrito de Santa Marta, el alcalde Carlos Caicedo Omar no se ha expresado a fondo, aunque había manifestado que lo haría una vez quedare en firme el auto que levantó la medida cautelar.

De su opinión solo se conoce un watshapp en el que precisa: “Es una gran noticia, hemos demostrado que con mucho trabajo, disciplina y respeto por las leyes, podemos recuperar lo que es Santa Marta para los samarios”.

Por su parte R&T ha guardado silencio al respecto. Ahora se espera que el gobierno local proceda de conformidad con la normatividad y en un acto administrativo acabe el contrato que se firmó en el año 2002.

R&T ha sido reiterativo en que una acción de estas le traería al Distrito de Santa Marta consecuencias funestas a sus intereses económicos,  pues tendría que cancelar una indemnización de aproximadamente 35 mil millones de pesos, en razón a que el contrato que se firmó es legal.

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