Bojayá: perdón a los inocentes más inocentes

BOGOTÁ. La masacre de Bojayá, por la que las Farc pidieron perdón esta semana, tiene un peldaño especial en el nivel de horror en la historia del conflicto colombiano, por varias razones. Pero, fundamentalmente, la masacre de Bojayá constituye una página terrible para el ya de por sí nefasto libro de la guerra en el país porque en matanza alguna de la que se tenga registro habían perdido la vida tantos niños y niñas, los más inocentes entre los inocentes.

También en estos hechos los paramilitares tienen su parte, quizá igual de cobarde y descerebrada a la de las Farc: usaron a la población civil de esta localidad chocoana como escudo. Y, así mismo, la fuerza pública, como en tantas otras ocasiones, dejó pasar hacia la zona roja de la guerrilla a los 250 militantes de las AUC, sin chistar y, luego, desatendió las alertas que emitieron entes como la ONU y la Defensoría del Pueblo.

No obstante, la solicitud de perdón de las Farc por estos crímenes, en el marco del proceso de paz, aunque no borra la crueldad, el absurdo y las vidas, sobre todo las vidas pequeñas que se fueron, se constituye ciertamente en un preludio de admisión de responsabilidad y por ende en un paso necesario para que se inicie la reconciliación del posconflicto colombiano, según le dijo a EL HERALDO la investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Martha Nubia Bello.

La relatora asignada para dejar el registro sobre la masacre de Bojayá pone en contexto para este diario los golpes de pecho guerrilleros para con una comunidad que hoy, a pesar de haber sido reubicada y haber sido objeto de importantes inversiones estatales, sigue padeciendo los avatares de la guerra y las dificultades socioeconómicas del olvidado departamento chocoano.

Antes de la matanza

Como se lee en el texto 'Bojayá: la guerra sin límites", con el informe del CNMH publicado en 2010, hacia las 3 de la mañana del 21 de abril de 2002 salieron, provenientes de Turbo, Antioquia, unos 250 paramilitares del Bloque 'Élmer Cárdenas' en diez embarcaciones desde San José de la Balsa por la orilla del río Salaquí, para luego tomar el río Atrato hacia el sur hasta Vigía del Fuerte, Chocó.

En este recorrido, las embarcaciones debieron pasar a través de por lo menos tres puestos de control de la fuerza pública. Sin embargo, las autoridades no reportaron ni incidentes ni detenciones.

Las autodefensas lo que querían era quitarle esta zona de dominio histórico a la subversión, ya que había intereses económicos y estratégicos poderosos allí, como la facilidad para el tráfico de drogas, la conexión interoceánica, la cercanía de los puertos y el hecho de ser una vía para el ingreso de armas desde Centroamérica.

Las AUC llegaron al pueblo y todos empezaron a correr despavoridos, como lo narró un testigo en un taller de Memoria Histórica en 2009: "eran como las 11 de la mañana… desde el billar yo oí un tropel de gente corriendo… pasa una panga (embarcación), dos, tres… no sabíamos quiénes eran, cuando la gente ya dice: '¡ey, son paracos!'. Llegan a donde estaba el comando de Policía y ahí había un monito con el mismo discurso: 'venimos a quedarnos, somos un grupo que quiere defender al pueblo colombiano de la guerrilla…', bueno, la cantaleta de siempre, cuando viene la frasecita de nuevo: '…en estos días vamos a hacer una limpieza porque el pueblo está muy sucio…', y pienso yo: '¡otra vez empezó la masacre!'".

Entonces, una de las líderes de la comunidad, en rechazo de la incursión, les hizo a los paramilitares lectura pública de la Declaración por la Vida y la Paz, un documento que la comunidad había elaborado en 1999 y que le había leído a la guerrilla el 22 de noviembre de 2001. En esa declaración, se lee en el documento del CNMH, sostenían que como población civil deseaban estar por fuera del conflicto armado, se comprometían a mantener su autonomía como pueblo, y por tanto le solicitaban a los paramilitares que se retiraran del casco urbano. A tal solicitud, el comandante paramilitar respondió negativamente, argumentando que tenían el objetivo de "limpiar el Atrato como lo hicimos con el Urabá".

El 23 de abril, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas había expresado al Gobierno su preocupación por la incursión de grupos paramilitares en las localidades de Bocas de Curvaradó, Vigía del Fuerte y Bellavista. Un día después, la Defensoría del Pueblo, dirigió al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército una alerta temprana por una inminente incursión paramilitar en el corregimiento Bellavista, en Bojayá.

Ni el Gobierno ni la fuerza pública movieron un solo dedo.

Como si fuera poco, la guerrilla interceptó el 25 de abril en Boca de Arquía la embarcación de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Acia, que transportaba alimentos para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región del Atrato Medio, y se robó la carga, complicando la situación alimentaria de esas poblaciones.

El 1 de mayo, un día antes de la matanza, el comandante del Frente 58 de las Farc, alias Grasa o Manteco o Sílver, sabiendo que las AUC escuchaban sus comunicaciones, se dirigió a las 9 de la mañana al jefe paramilitar Pablo Montalvo y le dio un plazo de media hora para que reuniera a sus hombres y se fuera de allí. Pero el comandante de las autodefensas lo retó a combatir.

Entonces, se inició la confrontación entre una guerrilla replegada en la zona rural del pueblo, al otro lado del río Atrato, contra unas autodefensas escondidas en la zona urbana, entre el pueblo, desde este lado del río. No obstante, a la segunda mitad de la mañana, los rebeldes empezaron a cruzar el Atrato y a desembarcar en el barrio Pueblo Nuevo del corregimiento de Bellavista, por lo que los paramilitares se vieron obligados a cruzar el puente colgante sobre Caño Lindo, que comunicaba al barrio con el resto de la cabecera municipal.

Una mujer de la tercera edad narró así al Centro lo que sucedía: "eso cuando se unieron esos dos grupos se ofreció el balacero, y fue bala y fue bala y fue bala… Cuando comenzaron el balacero, nosotros cogíamos y nos metíamos debajo de la cama y ahí cogíamos y nos echábamos el colchón, y ya cuando la cosa ya se fue poniendo fuerte entonces ya los de una casa se pasaban a la otra, y de la otra se pasaban a otra".

La guerra siguió hasta la tarde. Ya había unas 300 personas refugiadas en la iglesia, otras 100 en la casa cural y 100 más en la casa de las Misioneras Agustinas, y allí pasaron la noche. Varios de los combatientes de ultraderecha, en repetidas ocasiones, intentaron resguardarse en el templo y en la casa de las Agustinas, pero tanto el párroco Antún Ramos como las misioneras les negaron la entrada.

A las 6 de la tarde, alias Grasa, de las Farc, llamó por radio a Montalvo, de las AUC, y acordaron un cese del fuego durante la noche.

El día de la masacre

A las 6 de la mañana del 2 de mayo de 2012 volvieron a sonar los disparos, luego de que los jefes de ambos bandos, por radio, así lo dispusieran.

Alias Vicky, la comandante de los guerrilleros que habían cruzado el río, ante varias pérdidas entre sus hombres, le pidió refuerzos a alias Grasa, que permanecía al otro lado del Atrato. Entonces, la orden del jefe de los subversivos fue que se prepararan los 'rampleros', especialistas en lanzar clindros-bomba. Pero los dos 'rampleros' del frente le comunicaron a Grasa que los paramilitares estaban en constante movimiento, lo que hacía difícil impactarlos con las pipetas, que se debían dirigir a objetivos estáticos. Sin embargo, el comandante rebelde se mantuvo en su orden.

A unos 400 metros de la iglesia, en un patio de cemento de una de las casas del barrio Pueblo Nuevo, los guerrilleros instalaron la rampa de lanzamiento. Eran las 10 de la mañana. Media hora después dispararon el primer cilindro, que destruyó una vivienda situada a unos 50 metros de la iglesia, sin víctimas fatales. Minutos después dispararon el segundo cilindro, que cayó en el patio trasero del puesto de salud, ubicado al lado de la casa cural, pero no estalló.

Las AUC seguían resguardadas alrededor de las edificaciones del centro de Bellavista y, particularmente, en el anillo de cemento situado frente a la Iglesia, a la casa cural y a la casa de las Misioneras.

A las 11 de la mañana, cuando algunos en el templo, la mayoría niños, mujeres y ancianos, comían su desayuno, un tercer cilindro disparado por las Farc "rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló, detonando su carga de explosivos y de metralla, produciendo una gran devastación: en el suelo y hasta en los muros quedó la evidencia de los cuerpos desmembrados o totalmente deshechos, y la sangre manchó el lugar, mezclándose y perdiéndose entre los escombros", se lee en el informe de Memoria Histórica.

Una anciana de la comunidad rindió testimonio del horror: "estábamos comiendo cuando cayó esa pipeta… ¡bum… ey, vea! Le digo que esto quedó que usted no podía caminar de la gente que quedó muerta… Ay, unos quedamos locos… yo quedé aplastada por las cosas que me cayeron del techo, y cuando por fin pude salir de ahí estaba ese poco de gente que no podía caminar, porque todo lo que era 'tendío' era muerto ahí en la iglesia".

A su vez, el párroco, Antún Ramos, narró así lo inenarrable: "rogué porque no se me fueran a acabar los feligreses. Vi gente despedazada, sin piernas ni manos… cabezas regadas, sangre, mucha sangre. Inclusive aprecié a ciudadanos corriendo mutilados".

En el informe del CNMH, así se registró el terrible hecho: "quienes pudieron esquivaron los escombros y los cadáveres regados por el suelo para huir aterrorizados, unos hacia las casas del barrio Bella Luz -al extremo sur -, y otros hacia la parte de atrás de la cabecera, internándose en la selva en busca de la ciénaga. En la confusión muchos perdieron de vista a sus hijos, familiares o amigos, quedando presos de incertidumbre y angustia".

Y una niña, en su estremecedor relato al Centro en 2009, cuenta cómo el recuerdo la persigue y cómo lo resiste y lo esquiva con la ayuda de las otras niñas sobrevivientes: "había gente que lo único que le quedaba entero era un dedo, quedaban molidos, como caer una piedra en un pantano, sí recuerdo esas imágenes. Hay veces, cuando yo estoy así triste es cuando me acuerdo de esto y digo 'Luz Dary, vení, que yo me estoy acordando de lo que pasó el 2 de mayo, hacéme charla'. Y ella me hace charla y como es una de mis mejores amigas hace que no me acuerde de eso".

Setenta y nueve personas murieron ese 2 de mayo en la iglesia de San Pablo Apóstol de Bellavista, un corregimiento de Bojayá con unos 1.200 habitantes. Es decir, ese día asesinaron al 7 por ciento de la población total del caserío. La mayor cantidad de víctimas mortales fueron menores de edad: 48 niños y niñas, entre ellos tres bebés, dos fallecidos en el vientre materno y otro que nació y murió en medio de los hechos. Así mismo, perdieron la vida un total de 41 mujeres, incluyendo a las niñas, y dos adultos mayores. De las 79 víctimas, solo 13 eran hombres adultos. Desde Bojayá hasta Quibdó se desplazaron, tras esta masacre, 5.771 personas.

La guerrillera, alias 'Vicky', cuando vio lo que habían hecho, cuando vio los cuerpos de los pequeños despedazados, los habitantes saltando los cadáveres para escapar, los gestos de dolor y terror de las madres al ni siquiera poder reconocer a sus propios hijos muertos, se dejó caer de rodillas sobre la tierra y lloró.

Lo que siguió luego

Tras la masacre, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló como principal responsable de la masacre a las Farc, que reconoció públicamente haber lanzado la pipeta.

"Estas conductas constituirían un ataque indiscriminado contra la población civil y violarían especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil. Igualmente supondrían una violación de la obligación de protección de los bienes culturales y de lugares de culto", indicaba el informe.

También se halló a la subversión responsable de los desplazamientos forzados.

Culpó a las AUC de participar en operaciones bélicas en el seno del poblado donde se apostaron, en el que "expusieron e incrementaron el riesgo para la población civil ante los peligros de las acciones militares, violando los principios de distinción y de inmunidad de la población civil, lo que constituiría un ataque a la población civil".

Al Estado lo responsabilizó por inacción, por haber hecho "dejación de funciones al no ocuparse de prevenir, proteger y garantizar la vida de los civiles víctimas del conflicto". El Ejecutivo no estuvo de acuerdo con el informe y por ello, la alta comisionada de la ONU en ese entonces, Mary Robinson, salió en defensa de la investigación de su delegado en Colombia, Anders Kompass, y retiró la misión del país el 14 de junio de 2002, tras tres años de haberse establecido aquí.

A su vez, el Juzgado 1 Penal del Circuito de Quibdó condenó entre 2007 y 2010 a 17 guerrilleros de las Farc a 36 años de prisión por la masacre, entre ellos a alias Grasa o Sílver o Manteco, hallándolos responsables de los delitos de homicidio, lesiones personales, terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto.

La decisión afectó a Jhóverman Sánchez Arroyave, alias Grasa o Manteco, comandante del Frente 58 de las Farc; a Gilberto Torres; a Oberto Peña, alias El Mambo; Manuel Cuesta, alias Chombo; Wenceslao Girón, alias Mano de Oro; Wilmar Asprilla, alias Polocho; José Rivas; José Antonio Rodríguez, alias El Pájaro; Harbey Torres, alias Isaías y a Ultimio Perea Montoya, alias Barbacha, entre otros.

Entre tanto, el Juzgado 1 Administrativo de Quibdó ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y la Policía, a pagar más de 1.552 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

De otro lado, el máximo cabecilla del Bloque 'Élmer Cárdenas' de las Autodefensas, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, tras su desmovilización en 2006, culpó de la masacre al sacerdote de Bojayá "por haber reunido a los habitantes en la iglesia y haber cerrado el portón".

A un kilómetro del lugar de la tragedia, se construyó el Nuevo Bellavista, en medio de un proyecto de la Agencia Presidencial para la Acción Social, denominado 'Reubicación con dignidad'. A este sitio, los habitantes desplazados fueron instados a mudarse en septiembre de 2007.

"Este perdón es un acto que abre la puerta"

Luego de la reunión con la comisión de víctimas que viajó a La Habana, las Farc reconocieron su error: "hubo un momento fatal (…) en el que el desvío de un proyectil de fabricación artesanal dirigido contra la mayor posición paramilitar en la localidad provocó la desgracia y el infortunio al caer en el templo católico donde se había refugiado la población que no alcanzó a huir de Bojayá antes de la toma paramilitar y los duros combates posteriores".

Esa comisión estuvo integrada por varios sobrevivientes de la masacre, entre ellos el sacerdote Antún Ramos.

"Este hecho nos ha dolido en el alma guerrillera, y por ello, ahora cuando estamos dialogando para construir la paz con verdad y justicia, debemos expresar, como lo hicimos días después en un comunicado, que sentimos un profundo pesar, que nos duele hondamente el fatal desenlace que para la población de Bojayá significó ese terrible suceso", se lee en el comunicado de la subversión.

También aseguraron estar dispuestos a resarcir el daño: "estamos considerando, de acuerdo con nuestras capacidades, posibilidades y obligaciones, unas respuestas lo más integrales posibles ante nuestra deuda con la comunidad de Bojayá. Respuestas de diferente índole, para lo cual damos por abierta una nueva y más madura fase de consultas para acordar actuaciones reparadoras y transformadoras, a realizar con las comunidades afectadas por este hecho".

La investigadora del CNMH, Martha Nubia Bello, en diálogo con EL HERALDO, considera que "es bastante significativa la solicitud de perdón, simbólicamente es valiosa para la comunidad, porque implica que al menos uno de los actores armados, el que tuvo la principal responsabilidad, está admitiendo que cometió una grave falta. Por otro lado, implica un compromiso de que nunca más se van a cometer acciones que comprometan la vida de la población. Y es sin duda un acto que abre la puerta, como una acción ejemplarizante, para que se reconozcan otros crímenes, se acepte la responsabilidad y se pida perdón a otras comunidades, y creo que esa va a ser una condición importante en el posconflicto".

La relatora del informe sobre Bojayá señala que esta masacre "fue la muestra de la profunda degradación del conflicto armado, porque aquí se cometieron varios crímenes de guerra: se usó a la población civil como escudo humano por parte de los paramilitares y se usaron artefactos no convencionales por parte de la guerrilla, entre otros".

Sobre las decisiones judiciales, la investigadora recuerda que de las Farc hubo varios guerrilleros condenados, pero "frente a la responsabilidad del Estado en cabeza de algunas autoridades militares que fueron señaladas por omisión y connivencia no existe ninguna pena excepto una destitución, y frente a los paramilitares no hay ningún capturado, ninguna sanción penal, nada".

Y acerca del estado actual de Bojayá, pese a su reubicación y la inversión estatal de 7.800 millones de pesos, Bello advierte que el pueblo "adolece de acueductos, de servicio de salud, tiene problema a serios en términos de educación y el tema de sostenibilidad de ingresos es supremamente precario, fue un pueblo al que en cemento se le invirtió muchísimo pero realmente la gente no encuentra allí como sostener su vida dignamente, y a eso hay que agregar que las condiciones de seguridad tampoco han cambiado".