Petro vuelve a la Alcaldía arropado por sus seguidores

Con vallenatos, mariposas amarillas de papel y un cerrado aplauso recibieron ayer en el Palacio de Liévano los funcionarios distritales al restituido alcalde Gustavo Petro, luego de que el presidente Juan Manuel Santos acatara el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, que el martes le ordenó acoger las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

No obstante, el regreso del alcalde tiene un sabor agridulce no solo porque la Procuraduría, como se esperaba, anunció que lo impugnará hoy ante la Corte Suprema de Justicia sino porque, en una sorpresiva decisión, la Superintendencia de Industria ordenó revocar el nuevo esquema de aseo de la capital y multó al Distrito.

En una rueda de prensa, el burgomaestre de origen cordobés, en respuesta a la objeción del Ministerio Público, dijo que “aunque se caiga la tutela, las medidas cautelares de la CIDH siguen, a menos de que el presidente por tercera vez las niegue”.

Frente a la sanción de la Superindustria, señaló que “el decreto que implementa el esquema de aseo es legal y la Corte Constitucional ordenó incluir a los recicladores, no creo que la Superintendencia vaya a desconocer a la Corte”.
Al inicio de la alocución, el alcalde informó que el 70% de la capital estará dos días sin agua porque, precisamente el día que lo reintegran, se rompen las dos compuertas que tiene el acueducto: “vamos a investigar la coincidencia de que se haya roto no una sino las dos compuertas”.

Santos, en horas de la mañana, anunció la restitución de Petro, advirtiendo que “las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya”, sentenciando: “no tengo alternativa”.

Aunque reconoció que se trata de una decisión “controvertida”, el mandatario insistió en el respeto a “la independencia de los poderes”, aclarando que si no la asumía “la democracia comienza a vulnerarse”.

El jefe de Estado, el pasado 19 de marzo, había firmado la destitución ordenada por la Procuraduría desde el 9 de diciembre de 2013, escogiendo además no acatar las medidas de protección emitidas un día antes por la CIDH.
Luego de un mes de interinidad en la administración distrital del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, el presidente había escogido el lunes a la ternada secretaria de Hábitat, María mercedes Maldonado, quien en suma duró dos días como mandataria capitalina.

Al día siguiente de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente de la corte bogotana, Ernesto Carvajalino, negó que el fallo tuviera tintes políticos, reiteró que “deben respetarse los principios de la CIDH” y consideró que “el presidente debió haber respetado los derechos fundamentales”.

Explicó además que el recurso de amparo llegó a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras “por reparto” y afirmó que cualquier magistrado podía resolver este caso.
Finalmente, señaló que “aquí no hay un abuso de la tutela”, por lo que cree innecesaria una reforma al mecanismo de acción constitucional: “lo que se debe precisar es si vamos a respetar o no derechos fundamentales”.

Procuraduría impugna. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez, quien en una polémica determinación destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de origen orense por el cambio en el esquema de aseo de la ciudad, anunció que hoy radicará ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación en contra de la decisión de la Corte.

Al respecto, el jefe del Ministerio Público añadió que los abogados de la Procuraduría “están trabajando (en la acción jurídica), pero es una tesis jurídica ya muy reiterada por la Corte Constitucional, por el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, respecto a las competencias que nuestra Constitución confiere a la Procuraduría para ejercer el control disciplinario sobre los funcionarios de elección popular”.

Finalmente, dijo que el presidente Santos actuó conforme a la ley restituyendo al dirigente político. La decisión del máximo tribunal de la justicia ordinaria deberá conocerse en 20 días de acuerdo a lo estipulado legalmente.

Se reactiva revocatoria. El registrador delegado, Alfonso Portela, dijo que el ente electoral revisará el fallo del Tribunal para establecer si se reanuda o no el proceso de revocatoria de Petro.

Portela señaló sobre este asunto: “vamos a estudiar los contenidos para evaluar si estamos frente a una decisión de revocatoria de mandato”.

Si se retoma este proceso empezaría de nuevo la logística para que los ciudadanos decidan, pues el presupuesto de 35 mil millones de pesos no se ha utilizado.

Sanción a Petro. El superintendente de Sociedades ordenó suspender el nuevo esquema de aseo de Bogotá porque “atenta contra la libre competencia” y dispuso que Petro debe pagar una multa de $410 millones por las supuestas fallas cometidas en la implementación de este sistema.

La Superintendencia le da plazo de seis meses al Distrito para que “cese las limitaciones a la participación de los demás competidores en el mercado de aseo en la capital”.
También, se sanciona con cerca de $60 mil millones a la Empresa de Acueducto, Aguas de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp. Así como a 10 funcionarios, incluido Petro, por unos $1.200 millones.

El alcalde, no obstante, ha dicho que “el hecho de saltar de cuatro operadores privados a miles de recicladores, que empezaron a ser remunerados y reconocidos como operadores de aseo, significa una democratización del servicio”.

“No necesito posesionarme”
Antes de llegar a Bogotá, Petro se pronunció desde Cartagena y dijo: “No necesito posesionarme. Lo hice el 1 de enero de 2012. Y, como lo ordenó el pueblo, espero terminar el 31 de diciembre de 2015”. El dirigente afirmó que al presidente Santos “le dijeron algo que no correspondía a la realidad, y tomó una decisión equivocada, que ahora se corrige. Espero que la corrección sea a fondo” y señaló que el irrespeto de las decisiones del Sistema Interamericano podría verse como una muestra de “retroceso”. IGD