Así se gestó la muerte del exjefe de regalías Jairo Zapa

Un detalle que permanecía inédito en la investigación por el asesinato del director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, es que un primo del funcionario, el abogado Carlos Alberto Pérez, subalterno de él en la dependencia oficial, fue el segundo a bordo en la “empresa criminal” que se fraguó para acabar con la vida de Zapa.

El detalle aparece consignado, con especial énfasis, en el escrito de acusación de la Fiscalía 48 de Derechos Humanos de Bogotá el cual iba a ser revelado el pasado miércoles en Montería por el representante de esta entidad, Carlos Pión Mayorga, en la audiencia de acusación contra los seis implicados en el asesinato. Sin embargo, la audiencia de acusación fue suspendida.

Pérez era el hombre de confianza del director de Regalías, tanto que lo llevó a la reunión en la que finalmente fue asesinado. Su idoneidad profesional y el parentesco que los unía eran para Zapa prenda de garantía para tenerlo a su lado en unas funciones tan importantes. “Confiaba ciegamente en él”, aseguraron funcionarios consultados que solicitaron el anonimato.

Según la acusación preparada por la Fiscalía, que espera que se reanude el juicio, es que Carlos Alberto Pérez “simuló varias llamadas y permaneció en Montería (…), y es quien alerta el 29 de marzo al padre y a la esposa de Zapa sobre su desaparición e insta la formulación de la denuncia”.

Contra Pérez pesa también ahora el hecho de que no obstante haber estado en la reunión en la que fue asesinado su primo, como lo afirmó el asesino confeso Joyce Hernández, guardó silencio y nunca reveló lo que pasó la tarde del 27 de marzo pasado en la casa de la bióloga Zayma Barrera, quien prestó su inmueble –ubicado en la calle 59 No. 12-108 del barrio La Castellana–, para el supuesto encuentro de trabajo en el que se afirma fue cometido el homicidio.

La Fiscalía señala igualmente que el cerebro del plan criminal fue el contratista Jesús Henao quien le pidió prestada la vivienda a Barrera, según le dijo ella al ente acusador.

La motivación del crimen, como dijo Luis González, director nacional de Fiscalía, sería “la contratación en la que él (refiriéndose a Henao) participaba en Córdoba”.

Hasta este momento de la investigación no está claro cuál fue el detalle exacto que concluyó con la muerte del funcionario.

Cuando la Fiscalía se refiere a “empresa criminal” contra Zapa tiene en cuenta también que Henao trajo desde Gaira, corregimiento de Santa Marta, el paramilitar desmovilizado Joyce Hernández, hombre de su entera confianza.

Hernández confesó ante las autoridades haber asesinado a Zapa. En la justificación sostuvo que lo hizo porque encontró a su mujer, Zuán Naidú López Acevedo, sentada en las piernas del director de Regalías.

Otro funcionario subalterno de Jairo Zapa Pérez contra el que la Fiscalía hace graves cuestionamientos, es Maximiliano García Bazanta. Lo señala como “socio principal de Henao en sus actividades laborales y de contratación”.

La Fiscalía también asegura en el escrito que un día después del crimen de Zapa, el 28 de marzo, García Bazanta recibió una gruesa suma de dinero de manos de Henao, sin embargo no precisó la cuantía ni por qué concepto.

El mismo García Bazanta, según el ente acusador, acompañó al contratista Henao a un viaje a Santa Marta justo la misma noche del crimen de Zapa, al parecer, para despistar a las autoridades sobre su coautoría en el hecho.

Henao también acudió a donde María Isabel Valencia, esposa de Zapa, a ofrecerle 2.000 millones de pesos que le correspondían al director de Regalías por supuestos negocios con él. La propuesta fue rechazada por la viuda.

Todo este grupo mencionado: Jesús Henao, Carlos Alberto Pérez, Maximiliano García Bazanta, Joyce Hernández, Zuán López Acevedo, junto con Jesús Albeiro Torres, amigo de Henao quien participó en la reunión del 27 de marzo en la casa de Zayma Barrera, está cobijado con medida de aseguramiento bajo cargos de desaparición forzada agravada, que le dictó la juez tercera penal municipal con función de control de garantía, Rossana Matas.

Permanecen presos en la Cárcel Nacional Las Mercedes de Montería, a excepción de Jesús Henao, quien fue trasladado al Establecimiento de Reclusión Especial de Corozal (Sucre).

Además de los mencionados anteriormente, la Fiscalía escuchó en desarrollo de esta investigación la declaración del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, cuyo nombre era mencionado reiteradamente en la desaparición de Zapa, tal vez porque era su jefe inmediato al que le debía rendir cuentas por los multimillonarios recursos que este manejaba.

El cadáver de Zapa fue hallado el 4 de agosto en una fosa común en inmediaciones de una finca del padre del mandatario cordobés, en jurisdicción de zona rural de Pueblo Nuevo, en la subregión del San Jorge.

La Fiscalía General anunció también que cuenta con 123 elementos probatorios en el proceso de indagación. “Tenemos informes de campo de los detectives, interrogatorios a los indiciados, entrevistas a personas naturales y actas de inspección a lugares”.

El ente acusador además sostiene en el escrito que en el juicio el fiscal Pión Mayorga anexará más resultados de investigaciones policiales y búsquedas selectivas, así como 18 declaraciones juradas de personas que guardan relación con el proceso.

A pesar de los detalles importantes de la acusación que debió hacer el fiscal en la audiencia del miércoles, y cuando la comunidad monteriana que ha seguido expectante este proceso creyó que por fin arrancaba rumbo al esclarecimiento de los hechos, el proceso sufre otra parálisis.

Esta situación tiene que ver con que el fiscal Pión Mayorga solicitó un cambio de radicación del expediente, es decir que pase a otro despacho, preferiblemente en Bogotá para que continúe la investigación.

El fiscal argumentó que en Montería las partes involucradas y los familiares de Zapa están expuestas a muchas amenazas, y que por ello era conveniente el traslado de ciudad.

Hace un mes, María Isabel Valencia, viuda del asesinado funcionario, salió de Montería por amenazas. Y la semana pasada lo hicieron Fausto Zapa y Miriam Pérez de Zapa, padres del asesinado funcionario.

Otro elemento que expuso para el cambio es lo que llamó “la presión de los medios de comunicación para conocer detalles de la investigación”.

Contratos por $100.000 millones

Jairo Zapa Pérez, 36 años, era ingeniero civil y Magister en Hidráulica y Recursos Ambientales. Era director de Regalías de Córdoba desde agosto de 2012, cargo al que llegó después de ser coordinador de Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Córdoba. En esta nueva posición tenía la tarea de seguir estructurando proyectos para obtener recursos mediante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad. Sus más cercanos colaboradores dijeron que su destreza para esta labor lo llevó a jalonar iniciativas anuales para Córdoba por el orden de los $100.000 millones, según lo declarado por el director nacional de Fiscalías, Luis Alberto González. “El crimen obedece a la contratación en la que él participaba en Córdoba”, dijo en su momento González.