El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, expresó su molestia por la suspensión de la audiencia de aprobación del acuerdo con el polémico empresario sahagunense, Emilio Tapia Aldana, que fue programada para el 26 de abril, fecha que sería muy distante.

En diciembre del año pasado Tapia logró un preacuerdo con la Fiscalía, para el pago de una condena de 13 años, pero con la condición de aclarar y colaborar en todos los hechos relacionados con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

El ente acusador le imputaría los delitos de concierto para delinquir, cohechos e interés indebido en la celebración de contratos

Dicho inconformismo lo manifestó el fiscal Montealegre ayer, en carta de cinco páginas enviada a los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que se tomen las medidas necesarias contra el juez 42 penal del Circuito de Bogotá, Hugo Fernando Farfán Castro, quien tomó la determinación de aplazamiento.

En la comunicación Montealegre se ampara en el artículo 256 Superior (de la Constitución), que advierte sobre la tarea que deben cumplir el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial”.

El fiscal advierte textualmente en su misiva “que las mismas víctimas y el fiscal delegado para el caso le expusieron al juez la inconveniencia de fijar una fecha tan lejana en el tiempo y la necesidad urgente de resolver prontamente la solicitud de aprobación del acuerdo, lo anterior porque Tapia Aldana está dispuesto a colaborar con la justicia con el condicionamiento de tener una pronta solución a su caso”. En el párrafo siguiente Montealegre le comunica a los magistrados que le ha solicitado al juez Farfán Castro que reconsidere la fecha fijada por otra que sea lo más cercana posible. EG

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