Aunque inicialmente se había hablado de que eran 58 las personas que estaban viviendo en el conjunto residencial ‘Privilegios’(17 familias), esta cifra aumentó luego de la actualización del censo que hizo el Distrito tras el colapso de una de las torres, que dejó una mujer muerta y cuatro menores de edad lesionados.
Según informó la Alcaldía de Barranquilla en la mañana de este viernes 29 de noviembre, son 22 familias, es decir 74 personas, las que estaban habitando en tres torres del conjunto.
Sobre la atención que han recibido los afectados, el Distrito señaló que 35 de ellos fueron trasladados a hoteles y el resto decidieron ir a casa de familiares. “Todas se encuentran recibiendo acompañamiento integral de la Alcaldía”.
Además, el Distrito anunció que se activó el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo “y se garantizará vigilancia permanente para evitar el ingreso a los predios”.
El edificio había sido desalojado hace 14 años
El riesgo de vivir en los apartamentos del edificio Privilegio, ubicado en la esquina de la calle 89 con carrera 41, del barrio Campo Alegre, había sido advertido en varias oportunidades por las autoridades distritales.
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De hecho, los apartamentos fueron desalojados en el año 2010, luego de que las grietas y problemas estructurales se agravaran con el fuerte invierno que ese año causó estragos en Barranquilla y el resto del Atlántico. Fue el mismo año en el que se rompió el Canal del Dique, frente a Santa Lucía, inundando todo el sur del departamento.
En desalojo fue ordenado en ese momento por los resultados del estudio de vulnerabilidad del sector de la ladera de Campo Alegre y de la zona donde estaban ubicadas las edificaciones Privilegios, Mirador de Campo Alegre, Ciudad del Sol, Atardeceres, Techos Azules y Camino Real, entre otros.
El estudio determinó que la estructura de las torres de seis pisos cada una no tenía las condiciones para su habitabilidad, razón por la cual procedieron a reubicarlos pagándoles un arriendo hasta tanto se les pagaran sus apartamentos o fueran reubicado en otra edificación.
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La mayoría de las familias acataron la orden de las autoridades distritales y de gestión del riesgo de desastres; sin embargo, 30 familias se negaron a atender la medida a pesar de la declaratoria de alto riesgo.
Estas familias en su momento le contaron a EL HERALDO que el valor del arriendo que recibían de la Administración Distrital no era suficiente para cubrir este gasto y mucho menos los servicios públicos.
Otros decidieron no abandonar sus apartamentos porque ya llevaban más de 20 años viviendo en ellos. Consideraron injusto pasar de propietarios a arrendatarios en otros inmuebles que les cobraban más caro de lo que pagaban mensualmente al banco.
Al conocerse esta decisión, la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de la época, Ana Saltarín, dijo que “están bajo su responsabilidad, acudiendo a los artículos 2 y 3 de la 1523 de 2012. Los ciudadanos también son sujetos de obligaciones dirigidas a su auto conservación. Los jueces han determinado que, quien no acate una orden de este tipo, está asumiendo su auto puesta en peligro”.
Los que decidieron partir le contaron en esa época a este medio que lo hacían porque había una orden de desalojo y la indemnización que les pagaron era suficiente para adquirir otro inmueble, porque su prioridad era asegurar la integridad de sus familias.
