Hace poco fue publicada en este diario una noticia que daba cuenta de las deudas que las entidades públicas tienen con Electricaribe, la empresa de la distribución y comercialización de la energía de nuestra región. En dicha nota se informó que el total de la deuda con la empresa es de más de doscientos mil millones de pesos, siendo el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico los que acumulan un mayor monto en sus obligaciones. Esa información, que no generó mayores aspavientos, me pareció que merecía más divulgación e interés y, sobre todo, algún pronunciamiento por parte de las entidades morosas. Resulta paradójico que se reclame con vehemencia por la mejora del servicio de energía, reclamos que son válidos, pero que al mismo tiempo se incumpla con los pagos a la misma entidad que se pone en juicio.
No estamos hablando aquí de montos menores. Muy pocos negocios que tengan un flujo de dinero tan dinámico podrían subsistir con un déficit de ese nivel, y si a esto le sumamos los demás deudores, el hueco financiero es escandaloso. Aunque está claro que la crisis a la que se enfrenta la empresa no se supera únicamente con el pago de estas acreencias, alguna mella habrá generado esta situación en su operatividad, en su día a día. Como lo expresé en una columna anterior, el problema de energía al que nos enfrentamos no es unidimensional, es una compleja matriz de adversidades, errores y malas decisiones cuya solución no hemos logrado descifrar.
En este contexto es llamativo el monto de la deuda acumulada por el Distrito de Barranquilla. Con algo más de catorce mil millones de pesos, esta ciudad es el mayor deudor público de Electricaribe, una deshonrosa condición que no puede dejarnos tranquilos. El ejemplo comienza por casa, por lo que el mensaje que entiende el ciudadano cuando observa que el Distrito no paga por lo que consume es incómodo y perverso. Qué buena señal sería ver que el Distrito se pone al día, así además tendría mayores argumentos para continuar con sus justos reclamos y sin duda recibiría aún más apoyo popular.
Encuentro todavía más preocupante que exista una reglamentación constitucional que impide cortarles la luz a los hospitales públicos y colegios. En un país como el nuestro, donde la trampa y el abuso son tan comunes, una normativa de tal carácter solo promueve la negligencia administrativa y el desdén. Tendríamos que ser supremamente ingenuos para creer que una entidad pública va a ocuparse de un asunto que no le genera consecuencias. Valdría la pena revisar alternativas que presionen el cumplimiento de los compromisos financieros de estas instituciones, que al menos cierto nivel de deuda suponga sanciones verdaderas para los responsables de esos imprescindibles servicios.
Lo cierto es que ese dinero alguien lo tiene que pagar, como bien lo dicen los gringos: “no hay tal cosa como una comida gratis”. Lo que esperamos es que no se cometan injusticias cuando tengamos que asumir esa voluminosa factura.
moreno.slagter@yahoo.com
@Moreno_Slagter
