En la Región Caribe tenemos muchos sueños, pero el más anhelado, sin lugar a duda, es despertarnos algún día y saber que se acabaron los problemas con Electricaribe. Lograr ese amanecer no es nada fácil, debido a que hay un rezago de inversiones de cinco años, equivalente a recursos por $1,5 billones, que el nuevo operador –que ojalá llegue pronto– deberá realizar.
También se requieren, de acuerdo con cálculos del Comité Intergremial del Atlántico, otros $800.000 millones que Electricaribe deberá invertir en el Sistema de Distribución Local (SDL), más $113.000 millones para conectar este sistema a los proyectos del Sistema de Transmisión Regional (STR), adjudicados en el marco del Plan 5 Caribe. Sin esos recursos de nada le servirán a la región la docena de proyectos de dicho plan, muchos de los cuales ya están en ejecución.
Lo anterior es el resultado de lo que no se hizo o de lo que, simplemente, por desidia o por irresponsabilidad no se llevó a cabo. Ello arroja, como lo ha revelado la Superintendencia de Servicios Públicos, que al Caribe se le castigue en promedio con 96 horas de interrupciones del servicio de energía al año, situación que no se reporta o que Electricaribe ni siquiera registra.
De acuerdo con la Superservicios, en el último semestre de 2017 los habitantes de esta región interpusieron 41.075 reclamaciones contra Electricaribe, sorprende que solo el 19% de ese total tuvo que ver con la deficiente prestación del servicio, mientras que el 74% fueron reclamos relacionados con la facturación.
¿Será que después de 20 años de una prestación deficiente, que inclusive es equiparable al mal servicio de energía que reciben países subsaharianos, nos volvimos conformistas y solo nos quejamos de boca en boca?
Ese desastre, que ha causado tragedias de todo tipo, exigió la intervención de Electricaribe en noviembre de 2016 de parte de la Superservicios, con lo se evitó un apagón generalizado que hubiera impactado a más de 10 millones de usuarios en los siete departamentos costeños. La situación es tan grave que a marzo de este año fue anunciada la liquidación de la compañía eléctrica.
Ahora estamos en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional, que pronto debe presentar las propuestas de solución al problema más grande que tiene nuestra región, mientras el proceso de intervención con fines liquidatarios continúa a cargo de la Superservicios, que, para fortuna nuestra, no se ha quedado sentada en los cómodos sillones bogotanos y, por el contrario, prácticamente se ha mudado para la Región Caribe.
La Superintendencia, a cargo de José Miguel Mendoza, que por cierto ha escuchado a la región, se compromete en un nuevo ‘Plan de Choque’. Con base en este se apresta a conocer sobre el terreno hasta el más mínimo detalle –esos que no reflejan las quejas registradas o las que no lo son– lo cual le ayudará a explorar alternativas inmediatas, antes de que llegue la definitiva y que responda, de verdad, a las necesidades y preocupaciones más urgentes que tenemos.
Ese ‘Plan de Choque’ es bienvenido, pero no puede demorar mucho, porque lo realmente esperado es que nos informen que han escogido un nuevo operador, bajo la premisa que nunca se le debe olvidar, ni a la Superservicios ni a nadie: la Región Caribe merece y exige un servicio de energía confiable, competitivo y de calidad.
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