Es un contrasentido que en un país democrático y que teóricamente cree que la dignidad humana es el centro del Estado se estigmatice a quienes defienden lo más importante y tal vez lo más frágil: los derechos humanos. El debate sobre la JEP ha abierto una puerta más a la discriminación y al desconocimiento de los derechos de un grupo de especial protección en el orden internacional como lo son los defensores de derechos humanos, aquellos que han tomado la bandera en la defensa de las situaciones más complejas y difíciles que ha vivido la historia del país. Esos mismos que han tenido la sensibilidad de pocos al defender a las víctimas del conflicto ante situaciones de arbitrariedad; a periodistas locales y regionales que han sido sistemáticamente censurados por la violencia o la corrupción; a mujeres que han sufrido la inclemencia del patriarcado; a comunidades indígenas que buscan la preservación de su cosmovisión en un mundo occidental, o a todas aquellas minorías que difícilmente tienen acceso a la justicia.
La proposición aprobada en el Senado de la República que busca que los defensores de derechos humanos que integran las instancias de la JEP se declaren impedidos es una medida cuyo poder simbólico tiene un gran impacto en Colombia, donde el número de asesinatos y amenazas en contra de defensores aumenta cada día más en las regiones. No podemos construir un país en paz y pretender que con este tipo de declaraciones y hechos no se desdibujan los valores de una sociedad democrática. En cualquier caso, si esta disposición llega a la Corte Constitucional, será menester de este alto tribunal declarar inexequible dicha norma, la cual a todas luces viola las obligaciones internacionales de Colombia en materia de protección de derechos humanos.
Desmitificar la función de los defensores de derechos humanos es un deber que tiene el Estado y la sociedad, la cual debe entender que lejos de buscar infligir algún daño en los procesos de justicia transicional, procuran la vigencia efectiva de los derechos de quienes acceden a estos mecanismos, principalmente las víctimas, que deberán ser el punto de partida para la reparación integral, la reconciliación y la construcción de memoria histórica.
Cabe preguntarse, ¿quiénes mejores que aquellos que conocen el conflicto y la ruptura de los tejidos sociales para conocer aquellos casos que buscan hacer tránsito a un escenario de paz?
Una nueva Colombia, enfocada en el desarrollo humano y en la paz, debe acoger nuevos paradigmas sociales que integran a toda la sociedad sobre un pilar en común que es la democracia, desechando prácticas políticas y sociales que no nos han dejado cosa diferente que violencia y dolor. Empecemos por acoger y valorar la labor de los líderes y defensores de derechos humanos.
@tatidangond
