Hoy lunes 9 se reanudan las sesiones del congreso de los Estado Unidos. Esta es una de las fechas claves para el manejo del desvergonzado fraude de la dictadura venezolana en las elecciones del 28 de julio. Las presiones de parlamentarios, y no únicamente republicanos, exigiendo una mayor apretada de tuercas al régimen, no se harán esperar. Todos temen una nueva avalancha de inmigrantes que además agitaría las agrias controversias partidistas sobre la política de inmigración. A todos preocupa también la continuada influencia en el hemisferio de los amigos de Maduro, como Hezbolá, que es la teocracia fundamentalista iraní en cuerpo ajeno, y Putin, que no descansa en sus incursiones extraterritoriales por su insoportable nostalgia de superpotencia.
No le conviene al partido demócrata ni a su candidata dar la impresión de que actúan por presión política y no por convicción propia. Por eso probablemente el Departamento del Tesoro anunció el martes pasado la inminencia de una nueva andanada de sanciones contra los alfiles judiciales y militares del régimen y estaba también previsto un comunicado del Secretario de Estado extendiendo las sanciones al entorno familiar de cada sancionado. A nadie le gustan las sanciones. Maduro pretende desestimarlas, al tiempo que suplica que se las quiten a cambio de condiciones que no cumple, como pasó con las acordadas en Doha, Catar, en septiembre del 2023.
Sin embargo, una vez más Petro lanzó un salvavidas a Maduro, en compañía de los otros miembros de la troika latinoamericana, solicitando a Washington un reinicio de negociaciones, otra vez en Doha, innecesaria manera de postergarlas. Una nueva ronda de negociaciones debe incluir a Edmundo González y como condición para Venezuela la aceptación de su victoria electoral. A raíz de la inhabilitación de María Corina para participar en las elecciones presidenciales, la administración Biden suspendió la flexibilización general de sanciones que había otorgado en Doha; pero, inexplicablemente, aprobó licencias operativas particulares para Chevron, Repsol, ENI y varios de sus contratistas. Chevron produce unos 200 mil barriles diarios, una cuarta parte de lo que hoy produce Venezuela, que a su turno es una cuarta parte de lo que llegó a producir en 1998, un año antes de llegar Chávez al poder. Sin embargo, a $80 dólares el barril, son $16 millones de dólares diarios, que ayudan la diezmada economía venezolana pero sobre todo a sostener su insaciable mafiocracia.
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