Después de que la Fiscalía capturó al fiscal Carlos J. Bermeo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de un supuesto operativo en el momento en el que, según, recibían 500.000 dólares a cambio de incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich, surgen una cantidad de interrogantes. El primero, sin duda, es ¿hasta cuándo va a seguir Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General de la Nación? Esa primera pregunta es determinante en una coyuntura como esta, porque con Martínez allí no hay confianza.

Es decir, según la Fiscalía, Bermeo acompañado de otras cuatro personas, incluido un exsenador, decide ir a recibir una plata larga sin el menor cuidado, como niño que recibe la merienda del colegio, justo en el momento en el que es absolutamente predecible que existe una persecución contra la JEP. No solo es poco verosímil, también suena ridículo. Sin embargo, eso no lo hace necesariamente inocente.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, a la que pertenece el fiscal capturado, no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición, lo que hace todo un poco más confuso. Todo esto ocurre, adicionalmente, a menos de una semana para que se venza el plazo para objetar el proyecto de estatutaria de la JEP, tan odiada por sectores cercanos al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

La maraña va más allá. El exsenador capturado con Bermeo es Luis Alberto Gil, alias el Tuerto Gil, condenado por parapolítica. En detalle, su condena fue motivada por vínculos con el Bloque Central Bolívar y probadas reuniones con los paramilitares conocidos por los alias de Ernesto Báez, Julián Bolívar y Macaco. Del Tuerto Gil también se conocen aparentes vínculos con una estrategia para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, conocido por su papel de investigador sobre los vínculos entre políticos y paramilitares.

Nadie entiende a qué idiota se le ocurre entregarle 500.000 dólares, para favorecer el caso Santrich, a un fiscal que no tiene ninguna injerencia con el caso. Algo está ocurriendo. Tres cosas son ciertas: 1. ¿Para quién trabaja Néstor Humberto Martínez?, ¿acaso la Fiscalía es aparato al servicio de alguien? El Caso de Odebretch y los muertos con cianuro sugieren la pregunta. 2. Quieren acabar a la JEP, porque saben que los que se acojan allí –guerrilleros, militares, etc.– hablarán y lo que hablen involucrará a algunos. ¿Involucrarían acaso a Álvaro Uribe? 3. No se sabe sobre qué terreno caminamos. No hay confianza. La JEP y la Comisión de la Verdad están en el ojo del huracán y no de cualquier huracán, sino de uno que no quiere que se sepa la verdad.

Aquí el deber es leer entre líneas, develar las cortinas de humo y conocer cuáles son los intereses de quienes han permanecido en el poder. No son tiempos para consumir paquetes informativos, son tiempos para dudar, sospechar y preguntar.

@ayolaclaudia
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