Todo estado de excepción se presenta con formas legales para acometer decisiones verticales, inconsultas y autoritarias que se asumen necesarias, soportadas en lo político. Una de sus consecuencias es la suspensión de las libertades, en nombre de la protección de la población y del Estado. Hay que evitar que el estado de excepción se prolongue demasiado así la pandemia se mantenga.
Este estado es una especie de “guerra legal” y simbólica, en donde la descalificación a los ciudadanos por desobedecer las decisiones excepcionales ha justificado el actuar de las fuerzas de seguridad y control y la restricción a opositores, partidos, críticos, manifestantes y líderes sociales. Señalar incesantemente a los ciudadanos como los únicos responsables del contagio se volvió un discurso para legitimar la acción contra ellos, disfrazada de legalidad; lo cual va contra la Constitución. La gestión de la emergencia, en el sistema, viene amenazando aquello que da sentido a las formas constitucionales democráticas, construyendo absolutismo con ropaje liberal. La Emergencia no es un tema de derecho, es una necesidad o un recurso político para gestionar situaciones de crisis, suspendiendo el orden jurídico normal que no precisa políticamente sus límites. En sociedades liberales y de derecho no está previsto debilitar la democracia, o aplazarla. Esta debe prevalecer. Hoy, funciones esenciales del Congreso las toma el ejecutivo emanando decretos y normas. Esto puede desembocar en un abuso político con amparo legal. La Emergencia aún no ha sido controlada por un congreso bloqueado, ni por una Corte Constitucional que no parece tener afán democrático para proteger la libertad individual. Podríamos retornar a aquellos tiempos en donde no se visibilizaba la distinción entre los poderes y era regla común que el ejecutivo sustituyera al legislativo, con decretos que relevaban o modificaban normas constitucionales o legales. La semiparalización del legislativo y de la Justicia no debe refrendarse en la opinión pública. Hay que salvaguardar las instituciones democráticas que permiten mantener la Constitución.
La nueva normalidad es la repercusión de las decisiones del ejecutivo, y no se soporta en el derecho. La acción del poder, arrogante y sin freno, se ve más incitada por el débil carácter democrático del gobierno. La potestad legal de expedir medidas excepcionales no debe conducir a la ruina de la democracia. La experiencia internacional sobre el manejo de crisis ha registrado situaciones temporales que se convirtieron en duraderas. De la manera como salgamos de la pandemia conservaremos la democracia. Esta situación requiere liderazgo del gobierno, confianza y consenso con los ciudadanos. No todos los esfuerzos para salvar la economía, la vida y la Constitución valen la pena el riesgo de sacrificar temporalmente la democracia misma; sobre todo si con ello archivamos una manera de vivir democrática.
