Durante la campaña del No en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, una de las estrategias más fuertes de sus promotores fue defender con fuerza la idea de que lo acordado con las Farc implicaba la imposición de la ‘ideología de género’ sobre la sociedad y el Estado colombiano. Sobre falsas nociones sobre género, orientación e identidad sexual, el radicalismo conservador fue formulando una serie de mentiras que terminaron calando en diferentes sectores de la sociedad, donde la desinformación y las teorías de conspiración tuvieron fuerte acogida. Sabemos que el término de ideología de género no es más que una invención que con fines políticos busca el desconocimiento de derechos de parejas diversas y de la comunidad Lgbti. Sin embargo, este tipo de creaciones que buscan retroceder en discusiones que se han dado en el seno de la democracia, tiene efectos reales sobre la garantía efectiva de los derechos.

No son hechos aislados que durante la campaña del No, personas como Alejandro Ordoñez salieran públicamente a sostener todo tipo de falacias sobre el enfoque de género en los acuerdos, tampoco lo es que Viviane Morales haya promovido un referendo para evitar que parejas diversas y personas solteras puedan adoptar niños y niñas, y que durante el debate sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz se haya insistido por parte del uribismo la eliminación de las siglas Lgbti en el texto debatido. Esto último no resulta nada extraño viniendo de un grupo político cuyo máximo líder se refirió a la comunidad como “personas no heterosexuales” en una alocución pública, mostrando gran dificultad para expresarse en los términos actuales y propios para referirse a este grupo de especial protección.

En un país donde –por lo menos formalmente– el Estado es laico no deberíamos estar sujetos a que los derechos de grupos de especial protección como las comunidades étnicas, las mujeres y la comunidad Lgbti estuvieran sujetos al vaivén político de quienes llegan al poder. Sin embargo, en la práctica pareciera que nada está escrito y que todo está sujeto a lo que se defina coyunturalmente en el Congreso. Bajo este panorama y conociendo desde las elecciones las ideas de las personas cercanas al próximo Gobierno, no queda otra alternativa que hacer un escrutinio desde lo social y lo político, para que en el desarrollo legislativo y reglamentario se respete y garantice plenamente los derechos reconocidos a favor de los grupos de especial protección.

Recordar que, si bien las elecciones las ganó una candidatura que por su partido político es abiertamente conservadora, estamos en un Estado social y democrático de derecho donde las libertades y garantías de las minorías no están sujetas a refrendación popular, y por tanto no podrán ser desconocidas por ninguna fuerza política por más votos que haya tenido.

@tatidangond