Colombia comenzará la vacunación masiva en 16 días, el 20 de febrero como se había anunciado, a pesar de la escasez y desabastecimiento de los biológicos a nivel internacional por las limitaciones en la producción de las farmacéuticas y las restricciones a las exportaciones de las dosis: una de las mayores preocupaciones del Gobierno nacional, que reconoce riesgos frente a eventuales incumplimientos en las órdenes de entrega de los suministros que deberían llegar al país a mediados de este mes a través del mecanismo Covax – 117 mil de Pfizer y un número aún no determinado de AstraZeneca– y las de Sinovac, negociadas de manera bilateral.
La vacunación gratuita y voluntaria, considerada el mayor reto de salud pública en la historia del país, demanda una articulación sin precedentes entre el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, las redes de hospitales, clínicas y EPS, entre otros actores, que soportan su estrategia bajo criterios de coherencia, equidad y sostenibilidad. La apuesta pasa por dar inicio a la campaña y avanzar, según el cronograma de sus dos fases y cinco etapas, inmunizando a los grupos de riesgo y al resto de la población con las dosis requeridas y en el tiempo establecido entre ellas. Esto para cumplir el propósito de reducir la mortalidad y el contagio de los grupos más vulnerables y expuestos al virus hasta alcanzar la inmunidad de rebaño en diciembre de 2021, luego de vacunar a más de 35 millones de ciudadanos, el 70% de los habitantes del territorio nacional, incluidos los que ya padecieron la enfermedad, de acuerdo con el nuevo criterio de las autoridades sanitarias.
La vacunación gratuita es una acción de salud pública, un hecho individual, pero de naturaleza colectiva. Por eso, el Gobierno lo sustenta como un propósito nacional en el que todos los ciudadanos estamos llamados a respetar los criterios establecidos con base en conceptos científicos y a seguir el orden de priorización dándole prevalencia al interés general sobre el individual. Es un exabrupto ético y moral saltarse la fila acudiendo a recursos judiciales como la tutela o tocando puertas de amigos o conocidos, en virtud de la condición política, económica o social, buscando prerrogativas para ser inmunizado antes de tiempo o pretender que determinados territorios o sectores tengan privilegios por encima de otros. Mantener el principio fundamental de equidad es clave para garantizar justicia distributiva y evitar que se convierta en un permanente motivo de escándalo. Que nadie se equivoque y cruce esta delgada línea frente a la que los entes de control están alerta.
Junto a la equidad, la confianza es otro de los pilares en los que se sostiene la vacunación. Cada persona convocada a inmunizarse debe tener certeza de la seguridad y eficacia de las vacunas que se administrarán, las cuales han sido aprobadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Promover falsas noticias, desinformación o hechos malintencionados alrededor de su calidad es irresponsable porque se pone en riesgo la salud ciudadana. También lo es caer en la politización de esta iniciativa de enorme sensibilidad social que no debería convertirse en un nuevo memorial de agravios contra el Gobierno. Ese no es el camino.
Los sectores políticos deberían cuidarse de usar la vacunación como una herramienta de lucha partidista que aniquile la confianza ciudadana en un proceso extremadamente complejo que no estará exento de errores, dificultades y contratiempos de todo tipo, como ha ocurrido en la mayoría de los países donde se inmuniza. Tampoco hay que incurrir en manipulaciones o tergiversaciones en torno a reacciones adversas o efectos secundarios esperados entre los vacunados, como suele suceder en estos casos.
Sin contemplación, frente a ‘colados’, oportunistas y corruptos, la sociedad debe ejercer veeduría para evitar que se malgaste o pierda una sola dosis. Se viene un reto descomunal para empezar a dejar atrás esta pesadilla, pero mientras se alcanza la esperada inmunidad es imprescindible mantener las medidas de autocuidado. Es la mejor decisión.
