Parece que uno, dos, tres o mil fallos de la Corte Constitucional no tienen la fuerza suficiente para lograr una vida digna entre los niños wayuu, aunque varias sentencias de ese importante tribunal hayan ordenado su atención en tres ejes temáticos vitales, como son alimentación, agua y salud.

Una visita reciente de los magistrados de la Corte al departamento de La Guajira, en el marco de una audiencia pública denominada pomposamente El estado de las cosas anticonstitucionales, dejó un diagnóstico dramático e indignante. Por, cierto nada novedoso para la opinión pública ni para la justicia, como lo ha registrado EL HERALDO en múltiples publicaciones.

Respetables son los argumentos de la Corte para que los niños tengan agua y comida, y de la Procuraduría, que insiste en ponerle la lupa al manejo de los recursos destinados a la población más vulnerable de uno de los departamentos más ricos en recursos naturales y más pobres en materia de calidad de vida de sus niños.

Pero mientras se formulan una y otra vez contundentes proclamas, los niños wayuu siguen muriendo en las más lamentables condiciones, nada diferentes a muchos de los pueblos más miserables de África.

Todo este proceso y fallo de la Corte se originó en una tutela presentada por 15 líderes de comunidades indígenas de Uribia, otrora capital de esa región. En ella se solicitaba el cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció hace tres años con el propósito de proteger los derechos de niños, adolescentes y mujeres gestantes y lactantes de los cuatro municipios de mayor población indígena, afectados por la falta de agua potable y por la escasez de alimentos.

Es paradójico: la justicia, la opinión pública y varias entidades internacionales se muestran alarmadas por los altos índices de mortalidad infantil en la península, pero la cifra aumenta: este año van 39 niños fallecidos, cifra que supera los 37 del informe de 2017.

La paradoja se hace más patente cuando vemos los millonarios recursos por concepto de regalías a los que tiene derecho el departamento. De nada valen las miradas fiscalizadoras de las ías, y mucho menos el argumento de la mermelada sobre la tostada, a la cual los niños indígenas no tienen acceso.

Nos preguntamos de qué sirve que la Corte Constitucional haya podido constatar la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayuu, si esa constatación no resuelve nada.

Ya ha pasado el tiempo de las visitas con fotógrafos a cuestas y de la retórica inflamada. El Estado debe actuar sin más dilaciones ante una tragedia que nos debe avergonzar como país.