El regreso a clases de manera presencial en la mayoría de instituciones educativas oficiales de la región Caribe ya es un hecho. Desde el pasado 24 de enero miles de estudiantes tuvieron que volver a alistar el uniforme, lustrar los zapatos, acomodar el bolso y hacerle los renglones a las libretas nuevas. Los profesores ya usan —¡de nuevo!— el marcador y el tablero.
Todo se ha dado de manera escalonada, con protocolos de bioseguridad y con altos índices de presencialidad, según los reportes de las distintas secretarías, en cada rincón de la Costa Atlántica. Sin embargo, hay un factor, junto a la precaria infraestructura de algunos colegios, que genera preocupación y serios cuestionamientos en el retorno a las aulas: el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia del Gobierno que busca atender las necesidades integrales de los beneficiarios durante su proceso de aprendizaje. Una estrategia que no siempre se cumple y que, en 2021, según la Contraloría, dejó mucho que desear en varios departamentos.
En el Cesar, más exactamente en su capital, Valledupar, el órgano de control reveló que la cobertura del programa no alcanzó ni al 50 % durante el año pasado. Palabras más, palabras menos, tan solo 32.266 de los 81.812 estudiantes que se matricularon se beneficiaron con el PAE. Es decir que solo se alimentaron 20.432 en el área urbana y 11.834 en la rural. Los demás, durante las clases, pasaron hambre. Según la Contraloría, al menos 16 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) reportaron una situación similar.
Por otro lado, el departamento de Sucre y su capital Sincelejo no escaparon de estos reparos. La Contraloría informó que en estos territorios se reportaron fallas en 2021 y, para colmo de males, en el curso actual, hacen parte de los entes que iniciaron calendario escolar el 24 y 31 de enero sin la puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar. En la vigencia anterior Sucre no alcanzó la cobertura del programa ni siquiera en el 50 %, llegó solo al 41.4 %.
La situación se generaliza más de lo deseado. Se da también en el Magdalena o se reporta en La Guajira con la entrega de raciones de comida en mal estado, una serie de fallas que más allá de enlodar la reputación de los distintos operadores, genera serias críticas a las autoridades locales, lanza al traste el dinero del Gobierno y torpedea el proceso de formación académica que miles de estudiantes, sobretodo aquellos que hacen parte de un gran porcentaje que vive en condiciones de vida nada dignas, adelantan a diario para —en un futuro— darle un salto de calidad a sus familias.
Las Secretarías de Educación deben apretar tuercas y no dejar esta iniciativa, tan beneficiosa para los estudiantes, a merced de contratistas con muchas falencias. Con el PAE no se juega.
