Retornó a Colombia el exsenador Arturo Char. Era lo que debía hacer. Horas antes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le había dictado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural en el proceso que adelanta en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados. No tenía justificación alguna que, luego del paso dado por el alto tribunal, al resolver su situación jurídica, este continuara en los Estados Unidos, país del que también es nacional. De manera que vuelve, y se pone a su disposición para, como anunció a través de la red social X, afrontar su defensa.

Esta es una de las claves del caso que, tanto Char como su equipo legal, estiman que podría resolverse rápidamente a su favor. Anticipa el exparlamentario que ratificará su inocencia presentando pruebas que controvertirán lo dicho por quienes han testificado en su contra. Principalmente, la exsenadora Aida Merlano, condenada en doble instancia por estos hechos, quien cumple su pena en el batallón de Malambo, y es la pieza central del entramado de corrupción electoral conocido como la Casa Blanca, fraguado hace casi seis años en el Atlántico.

Por consiguiente, la defensa del expresidente del Congreso mueve ficha, le pide a la Corte Suprema ampliación de indagatoria para formular aportes adicionales a lo señalado hasta ahora en su declaración. Aún está por verse que guarda Char bajo la manga que podría darle un vuelco, como esperan, a lo que resta de su proceso que, por cierto, tendrá que encarar privado de la libertad. Este no es un asunto menor.

EL HERALDO conoció con fuentes de la Corte que por tratarse de un caso enmarcado en el antiguo estatuto penal, que es el que rige al alto tribunal, deberá permanecer detenido en un sitio por determinar. Su defensa pidió que fuera en Barranquilla por un tema de arraigo familiar, pero esto aún no se ha decidido.

En todo caso, la Corte también sustentó la medida de aseguramiento en que el comportamiento de Char, por su traslado a Miami, no era garantía de su “normal comparecencia” en el proceso y puso sobre la mesa sus dudas por un aparente riesgo de fuga y de interferencias, precisando desde ya que no era procedente sustituirla por una domiciliaria. Es evidente que salir del país en medio de su investigación, así no existiera decisión judicial, habría tenido costes para el exsenador que tras volver se desmarcó de señalamientos sobre si era un prófugo de la justicia.

Aunque en su caso particular todavía no es posible hacer previsiones en el mediano plazo, la Corte que está decidida a romper la inercia en la que había caído el proceso, sí estima que los hechos investigados son indicativos de una posible comisión de delitos contra mecanismos de participación democrática. O, lo que es lo mismo, habla de que un número importante de personas, entre ellas, Char y Merlano, también Lilibeth Llinás, habrían materializado un “acuerdo o un concierto delictivo para comprar votos” en el Atlántico que les aseguraran curules en 2019.

Sobre esta trama de ilicitud electoral, lo mínimo que demanda la ciudadanía en Barranquilla y el resto del Atlántico es claridad. Ante lo que está por venir, el exsenador insiste en que “demostrará su absoluta inocencia”, ejerciendo sus derechos fundamentales, porque sin duda los tiene. Difícil encontrar una mejor oportunidad para hacerlo. Su hermano Alejandro, como alguna vez hizo su padre, Fuad, sale en su defensa y reitera que su familia respeta las decisiones judiciales. No está claro si el proceso contra Arturo condicionará su campaña a la Alcaldía de Barranquilla, pero parece poco probable que modifique la intención de voto de los ciudadanos.

La aún inacabada historia de la Casa Blanca reveló como nunca antes el perverso problema de la corrupción electoral que nos ha obligado a pagar un elevado precio durante décadas. Esa es la cuestión esencial. Todo lo que sirva para esclarecer lo sucedido debe llevarse a efecto sin dilaciones.

Por el bien de la democracia, se hace imprescindible que la justicia sea capaz de levantar límites infranqueables con nefastas consecuencias, como la impunidad o la opacidad en la que tantos se amparan para sus ilícitos. Restaurar la legitimidad de nuestra desprestigiada clase política demanda que quienes aspiren a gobernar se comprometan a hacerlo sin coaccionar la voluntad popular ni quebrantar las conciencias de la gente. En un contexto tan difícil como el actual, salpicado por escándalos que descubren cómo la danza de los millones que corrompe la política no conoce de ideologías ni promesas de cambio, la justicia pone a prueba su solidez.