En la misma semana de octubre en la que se celebraron las elecciones regionales en Colombia, se conmemoró el Día Internacional del Cambio Climático. Quizás por la prisa con la que la campaña aceleraba el paso en su tramo final, esta fecha para reflexionar y elevar la conciencia ambiental pasó de agache. Aunque a decir verdad, un asunto tan crucial para la supervivencia del planeta, apenas se coló en el rosario de propuestas lanzadas por los miles de candidatos.

En la Colombia de los problemas inmarcesibles es indiscutible que existen situaciones con el rótulo de prioritarias en la bandeja de pendientes de los salientes gobernantes, que cuanto antes tendrán que ser asumidas por los entrantes para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Seguridad, empleo, educación, salud, infraestructura vial, conectividad digital, son algunas de ellas, aunque todo dependerá de la realidad local. Lo cierto es que sin condiciones de sostenibilidad ambiental, lo demás parece poco probable.

¿Hasta qué punto los nuevos mandatarios están dispuestos a incorporar en sus programas de gobierno el discurso climático y traducirlo en acciones concretas? Aún está por verse, pero sí valdría la pena que instalados en sus nuevas posiciones se dedicaran a asumir con responsabilidad la gravedad de la actual crisis.

Ante las evidentes señales de la emergencia climática que no discrimina territorio ni comunidad, como quedó demostrado en el Atlántico durante la pasada ola invernal, se hace indispensable que los gobernantes electos se comprometan a abrirle un espacio, ojala no menor, en sus agendas políticas en construcción. Será su deber proteger, todo lo que les sea posible, a quienes se encuentran expuestos en áreas de riesgo, como terrenos inundables, zonas de ladera o de erosión de Barranquilla y de los municipios más vulnerables a los eventos climáticos extremos.

Si no actúan en consecuencia, adoptando medidas de adaptación al cambio climático, al igual que poniendo en marcha estrategias de mitigación para reducir sus devastadores efectos, más temprano que tarde tendrán que afrontar una factura que, en algunos casos, será impagable por la pérdida de vidas humanas. Ese es el núcleo de la cuestión: nos acercamos a alarmantes puntos de inflexión que nos exigen a todos movilizarnos, pero en especial a las autoridades para liderar la respuesta ante una crisis que amenaza con destruir los pilares de los que depende la vida.

Parafraseando lo dicho por Álex Char y Eduardo Verano, alcalde y gobernador electos, en su discurso de victoria, “sin seguridad no hay prosperidad”, también es válido señalar que sin desarrollo sostenible tampoco la habrá. En sus anteriores administraciones encararon situaciones límite que los pusieron a prueba, como la ruptura del Canal del Dique o las nefastas consecuencias del desbordamiento de arroyos. Aún queda trabajo en estos frentes que conocen bien, pero los tiempos cambian y se precisan nuevos derroteros frente a la emergencia climática.

Barranquilla ha dado pasos significativos en la restauración de sus ecosistemas, en la gestión del agua, y en la irreversible transición energética con el uso de energía fotovoltaica, que no solo deben fortalecerse, sino extenderse a los municipios.

Los retos son enormes, entre ellos tener un sistema de transporte público sostenible, eficiente, que ofrezca alternativas de movilidad, como las bicicletas, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables directas del calentamiento global.

En este sentido, la carta que envió el alcalde electo al presidente Gustavo Petro es un primer mensaje en la dirección correcta para potenciar a Barranquilla como la capital energética del país, al tiempo que promueve un necesario acercamiento entre los poderes central y local para consensuar salidas conjuntas a la actual crisis.

El proyecto de generación de energía eólica costa afuera, el de una planta de producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovables, y el de un puerto de aguas profundas, que sirva a los dos anteriores, son iniciativas valiosas en sí mismas que merecen ser tenidas en cuenta.

Además, de encajar en el propósito de impulsar una transición energética justa, que es parte esencial del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, responden a la ambiciosa meta de poner fin a la era de los combustibles, uno de los insistentes reclamos del jefe de Estado.

Se agota el tiempo. Esforzarse por detener la locura del caos climático no es opcional, sino un imperativo de los gobernantes. El diagnóstico está claro, el futuro no espera, actúen sin más, dando una lección de grandeza política sobre lo que es realmente prioritario en la agenda pública.