Trece vidas perdidas, ocho de ellas vinculadas a las manifestaciones, en una sola jornada y en un solo departamento, el Valle del Cauca, dan cuenta de lo feroz y violento que se ha tornado el ambiente en torno a las movilizaciones y bloqueos por cuenta del paro nacional, que al cumplir un mes este viernes dejó un trágico saldo en el suroccidente colombiano.
Los hechos aún son muy confusos, especialmente en el episodio en el que un funcionario del CTI de la Fiscalía murió linchado después de que presuntamente disparara contra un grupo de personas que impedían el paso en el sector de La Luna, en Cali. En este solo episodio tres personas terminaron muertas. Antes, en Candelaria, otro municipio valluno, un joven murió atacado con arma blanca, aparentemente de la llamada primera línea, en un bloqueo a la salida de una unidad familiar, también en medio de un forcejeo con personas que intentaban pasar para ir a sus trabajos.
Nada jamás podrá justificar la violencia, y mucho menos al nivel demencial que estamos presenciando en nuestro país. Las posturas extremas de los protagonistas en las calles y en las mesas de diálogo no han conducido a soluciones, sino a una radicalización absoluta que en lugar de permitir tender puentes para encontrar finalmente puntos de acuerdo solo ha servido para extender los abismos que impiden una salida concertada, pacífica y que nos lleve a concluir este drama nacional.
Hemos llegado a un punto en que unos y otros están asumiendo el rol de autoridad y de juez, castigando al que se oponga o refute sus actuaciones.
La medida que ha encontrado el Gobierno nacional para intentar controlar los desmanes en el Valle del Cauca y otros siete departamentos del país es la orden de asistencia militar. El presidente Duque hizo presencia el mismo viernes en la noche en Cali y ayer sábado en Popayán, donde también fue vandalizada la sede de la Alcaldía, ordenando el máximo despliegue de las fuerzas armadas para recuperar el orden y desbloquear las vías. “Vamos a actuar en defensa de todos los derechos y con la capacidad que nos da la Constitución y la ley”, aseguró el jefe de Estado.
Es imperativo que el Estado garantice los derechos de todos los colombianos a la protesta pacífica y a la movilidad y libre circulación de cada ciudadano, pero también es hora de escuchar el clamor de miles que han elevado su voz para reclamar un país más justo. Ojalá que en el cumplimiento del deber constitucional los excesos no sean protagonistas. Y ojalá que quienes lideran el movimiento del paro también hallen la forma de no desistir en sus luchas por una nación más igualitaria y con oportunidades para todos, pero siempre en el entendido de que los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro. Un llamado a la calma, a la sensatez, al diálogo, a recordar que el valor supremo de toda sociedad es la vida, es la que debemos promover y conservar. ¿Qué más tendrá que pasar para encontrar una luz que encienda el camino de la reconciliación en el país? ¿Hasta cuándo continuaremos en esta espiral de violencia? ¿Hasta dónde tendremos que llegar como país para ser capaces de lograr un mejor futuro para nuestros jóvenes y niños?
