Estupefacta, así quedó la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, María Virginia Torres, cuando el gerente de la Triple A, Guillermo Peña, le comunicó a la Junta Directiva hace semana y media que estaba recibiendo presiones por parte del contralor distrital de Barranquilla, Jesús Acevedo.

Peña estaba siendo señalado por el ente de control fiscal de omitir información y entorpecer las investigaciones en su contra, por lo que podría ser sancionado con multas de 80 millones de pesos cada una.

Se trata de procesos administrativos y fiscales abiertos en muy poco tiempo, que avanzaron velozmente en las últimas semanas en una “atípica dinámica”, a juicio de los directivos y abogados de la Triple A, que desconcertados no entendían cómo, a pesar de dar respuesta en los términos a los requerimientos de la Contraloría, “las instancias se cerraban y los alegatos no funcionaban”.

Durante un encuentro entre Acevedo y Peña, el asunto se fue aclarando. La cuadratura del círculo empezó a encajar por más increíble que pareciera. El investigador sugirió que el investigado contratara una firma de abogados, avalada por él, para que ejerciera la defensa en los procesos que el ente de control le adelanta. Escandaloso por decir lo menos. Totalmente irregular, a juicio de la presidenta de la SAE, que ofreció absoluto respaldo a la gerencia de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla para que lo antes posible interpusiera, ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia penal contra Acevedo por el presunto delito de concusión, al conocer los documentos, mensajes, chats y otras pruebas que demostrarían la presión ejercida por este funcionario público a favor de un tercero. En este caso, la firma de abogados American Lawyers Corporation, que alcanzó a hacer una oferta de 90 millones de pesos más IVA por una asesoría hasta el 31 de diciembre, que el propio contralor envío desde su perfil personal de WhatsApp al gerente Peña.

Como pasaban los días, Acevedo preguntó qué había pasado con la propuesta. Tremendo.

El caso del señor Acevedo, que habría incurrido en presuntos actos de corrupción, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad y desviación de poder, ha ido escalando y, además de la Fiscalía, ya está en manos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Contraloría General y la Procuraduría, a las que la SAE ha pedido que investiguen lo que consideran una suma de conductas muy irregulares, carentes de independencia e imparcialidad de este funcionario, que según la denuncia penal ofreció asesoría a su investigado.

De poco vale la lucha que libran a diario los órganos de control por la transparencia y contra la corrupción en la administración pública si los propios funcionarios no demuestran su honestidad y ética con actitudes intachables que sirvan de ejemplo a la ciudadanía.

Cuando se ha perdido el rumbo, el asunto siempre puede empeorar. Este vergonzoso episodio tiene un nuevo capítulo, que volvió a poner en tela de juicio la conducta ética del señor Acevedo. La Contraloría Distrital acaba de firmar un contrato por 9 millones de pesos con esta empresa para actualización del manual de contratación en un plazo de 45 días. Se presentaron tres propuestas y la escogida fue American Lawyers Corporation, que de acuerdo con la denuncia de la Triple A y la SAE tiene su sede, según documento de Cámara de Comercio, en unas oficinas cuya “dirección es la misma de la empresa familiar de abogados que tiene el contralor”.

Acevedo, que ha dicho que se defenderá y está en todo su derecho de hacerlo, no será más el contralor de Barranquilla. El Concejo, al que la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en el proceso que terminó con su elección, le acaba de aceptar su renuncia irrevocable. Faltaría más que no fuera así. Deja el cargo, pero esto no lo exime de tener que responder ante los organismos competentes por sus actuaciones y dar las explicaciones por las inapropiadas conductas que se le endilgan.

En tiempos en los que la confianza es un bien escaso y ante tamaña suma de posibles irregularidades, corre prisa por conocer los alcances de este entuerto que afecta la institucionalidad de Barranquilla. Fiscalía, Procuraduría, que ya abrió investigación y ordenó la suspensión provisional del contralor, y Contraloría tienen la palabra. Estos hechos causan desazón, pero reafirman la máxima bíblica que cuando la sal pierde su sabor, lo único que queda es botarla.