Un rosario de elefantes blancos, obras inconclusas y en estado crítico, alertas por contratación e irregularidades en el manejo de los recursos de regalías puso en evidencia el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, durante su recorrido de 4 días por los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre. Aunque no son nuevos, los señalamientos confirman la falta de planeación e indebida administración de dineros públicos en el financiamiento de proyectos sobredimensionados, inconvenientes, sin ningún tipo de oportunidad o beneficio para las comunidades donde se ejecutan, como el Terminal de Transporte de Uribia, en La Guajira, en el que se invirtieron $7.564 millones. Fue terminado hace casi 50 meses, y no opera porque no cuenta con usuarios ni empresas de transporte para hacerlo.
En esa misma línea de inadecuada estructuración, funcionalidad y sostenibilidad, el Complejo Cultural del Porro, en San Pelayo, Córdoba, obra financiada con regalías que tuvo un valor inicial de $12 mil millones y costó más de $19 mil. Un monumento a la falta de rigor en procedimientos constructivos e incumplimiento de normas y especificaciones técnicas, por no hablar de la ineficacia en el control y supervisión de la interventoría. Esta infraestructura cada vez más deteriorada, por falta de mantenimiento, no genera ninguna utilidad y apenas se usa.
Otras obras son como pozos sin fondo: se tragan todo lo que le invierten y rara vez se entregan a tiempo. Es el caso del parador turístico Cuatro Vías, en Maicao, cuya construcción empezó en noviembre de 2016, y aunque debía estar listo en diciembre de 2019, hoy solo tiene un avance del 27%. Las suspendidas obras se reiniciarán en la primera semana de diciembre, según el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys. En Becerril, Cesar, el contratista ejecutó el 100% del valor de un proyecto de 182 viviendas de interés social, $10 mil millones, y escasamente va por la mitad.
En Sucre, la planta de tratamiento de agua potable de Coveñas y el parque marino Acuario Golfo de Morrosquillo, en Tolú, más obras inconclusas y abandonadas que nunca han funcionado. La Unidad Materno Infantil del Hospital San Jerónimo de Montería comenzó a construirse en 2012, luego de cinco suspensiones, dos prórrogas y tres adiciones, con dificultad tiene un avance físico del 66% y financiero del 92%. Un esperpento que no presta ningún servicio.
Sin embargo, cumplir un cronograma no es garantía de eficiencia. En Aguachica, Cesar, la Urbanización Nuevo Amanecer se entregó en 12 meses, pero se inunda y podría declararse una eventual pérdida de la inversión por $20 mil millones, costo total del proyecto. En La Mojana Sucreña, otra vez anegada, más de lo mismo. Tras invertir $240 mil millones en obras de mitigación y planes de vivienda, los problemas persisten en plena arremetida de la ola invernal, con fenómeno de La Niña incluida y pandemia de Covid-19 al acecho.
La lista es tan larga como vergonzosa. Cada nuevo caso es una historia de años que versa sobre la misma patética ineficiente e ineficaz gestión de funcionarios de la administración pública que parece tuvieran como máxima aquello de “lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta”, mezcla de ineptitud y bandidaje que también alcanza a representantes del sector privado.
Por elefantes blancos y contrataciones a punto de irse al garete que suman varios billones de pesos, solo en estos 4 departamentos de la Costa, la Contraloría General adelanta decenas de procesos de responsabilidad fiscal. Todos son públicos y vale la pena consultarlos para conocer a los responsables de semejantes despropósitos. La cruzada emprendida por el contralor Córdoba apunta a reactivar obras inconclusas para que presten el beneficio esperado. No obstante, las comunidades afectadas y la sociedad entera demandan sanciones aleccionadoras contra quienes no son capaces de proceder con compromiso, rectitud y transparencia en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos. Sin ninguna complacencia, exfuncionarios, empleados públicos o contratistas deben responder por sus actuaciones a nivel fiscal, disciplinaria y penalmente. Que los entes de control den la talla.
