Toda forma de corrupción debe ser merecedora de reprobación social. Sin embargo, existen algunas variantes de corrupción que, por su naturaleza y por la condición de sus víctimas, provocan especial indignación. Una de ellas es la que se viene cebando desde hace ya demasiado tiempo con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
El capítulo más reciente de esta práctica deleznable tiene como escenario el departamento del Atlántico y ha llevado a la detención del secretario de Educación, Dagoberto Barraza, un funcionario de esta dependencia y dos contratistas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el despacho de Barraza adjudicó de modo irregular el programa de suministro de alimentos a colegios de 20 municipios a una unión temporal de empresas que, además, no cumplía los requisitos para ofrecer tal servicio. En la elaboración del contrato se habrían falsificado firmas de rectores y se habrían incluido estudiantes inexistentes con el fin de inflar la cuantía.
Las audiencias públicas por este escándalo han puesto bajo el foco informativo a un personaje de nombre Alejandro Hernández Vidal, a quien la Fiscalía ha denominado ‘el Zar del PAE’ en la Región Caribe.
Hernández no solo está detrás de los dos contratos de alimentación escolar en Atlántico correspondientes a 2016, por un montante de $7.500 millones, que ahora centran la polémica. Según las revelaciones del ente acusador, este sucreño afincado en Cartagena controla, a través de una trama de sociedades y fundaciones, una buena tajada del negocio multimillonario de la alimentación escolar en la Costa. Por lo visto, desde 2012 ha logrado al menos 1.520 contratos en la región, por $726 mil millones. El más reciente lo obtuvo en Magangué en julio pasado, por $33 mil millones.
La pregunta obligada es cómo se ha llegado a esta situación. Y qué han hecho las autoridades –a todos los niveles– para erradicar estos abominables comportamientos. Porque esto viene, como ya dijimos, de mucho tiempo atrás. Y cada vez que ha estallado algún escándalo se han anunciado mayores controles e investigaciones “hasta las últimas consecuencias”.
Pero la realidad es que algunos avivatos siguen lucrándose de este fabuloso negocio, muchas veces entregando a los niños alimentos que no reúnen los requisitos elementales para una correcta nutrición.
Barraza y los otros tres detenidos se han declarado inocentes, y están en su derecho. A su vez, el ‘Zar del PAE’ se encuentra en paradero desconocido. Lo que espera la ciudadanía es que la justicia hable con celeridad en este caso y que –esta vez sí– se erradique tamaña monstruosidad. Porque no hay otro modo de llamar la corrupción en torno a la alimentación de los niños de bajos recursos.
