Salvo sorpresas de último momento, hoy se celebrará en Barranquilla la anunciada asamblea de accionistas de Triple A en la que se podría consumar la toma de control de la compañía por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), agencia estatal dependiente del Ministerio de Hacienda.
La SAE asumiría la gestión, “con fines de extinción de dominio”, del 82% de las acciones que posee en Triple A la sociedad Inassa, que está participada en un 85% por la española Canal de Isabel II.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Inassa –que, por cierto, también tiene socios barranquilleros– defraudó durante casi dos décadas unos $246 mil millones a la empresa de servicios mediante un contrato de asistencia técnica que no prestó. Inassa alega que sí proporcionó de manera permanente la asistencia, pero que por la naturaleza flexible de esta no quedaron consignados los comprobantes con la minucia que exige la Fiscalía.
La asamblea de hoy se produce en medio de una encendida controversia tanto por la decisión de la Fiscalía de transferir al Estado el control de la compañía, como por el perfil de los candidatos que propone la SAE para ocupar los tres asientos de la junta que hoy posee Inassa. Todos los gremios empresariales de la ciudad, concejales, el sindicato de Triple A y la asociación de usuarios del acueducto han expresado, con distintos matices, su preocupación por el futuro de una empresa modélica en la prestación del servicio.
Hay que subrayar que Canal de Isabel II empezó hace un año un proceso para vender sus acciones en Inassa. Es decir, en cualquier momento se iba a producir su salida de Triple A. Si existía alguna posibilidad de que reconsiderasen esa decisión, la acción de la Fiscalía colombiana la cortó de plano.
Por tanto, más allá del choque jurídico y diplomático que pueda provocar con España el embargo de las acciones de Inassa, lo que nos debe preocupar a los barranquilleros es qué va a pasar con Triple A. En manos de quién quedará al final, si es que no queda enredada en un limbo como el de Electricaribe, intervenida en 2016.
Los barranquilleros de cierta edad están inquietos con la situación. Y es comprensible: en la memoria colectiva están bien presentes los tormentosos y caóticos años en que las empresas de servicios cayeron en las garras de la politiquería. Por eso es de enorme trascendencia lo que suceda hoy en la asamblea de Triple A.
Además, es hora de que alguien –el Distrito (que es socio de Triple A), la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Servicios, la propia Fiscalía– responda por qué durante dos décadas nadie con funciones de control vio el supuesto fraude mastodóntico que habría cometido Inassa. ¿No hay responsables?
Es hora de que alguien –el Distrito, socio de Triple A; la Procuraduría, la Contraloría, la propia Fiscalía, la Superservicios– nos responda por qué durante dos décadas nadie con funciones de control vio el supuesto fraude mastodóntico que habría cometido Inassa.
