No cesan las denuncias en torno de los presuntos casos de corrupción en torno de la multinacional Odebrecht y sus ramificaciones en Colombia. Tras varios señalamientos en contra de los contratos firmados por la multinacional brasileña que tienen que ver con la segunda fase de la Ruta del Sol, los ojos se posan sobre el consorcio Navelena, donde tiene el 87% de participación.
Esto, pese a que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, había anticipado el pasado 5 de enero que la 'Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena, en ese caso específico no advertimos ni hemos encontrado ningún caso de corrupción'.
En esta ocasión lo que es objeto de denuncia es un préstamo por 120.000 millones de pesos que el Banco Agrario le aprobó al consorcio el 12 de noviembre del 2015, cuando la firma Constructora Norberto Odebrecht de Colombia Ltda., según sus estados financieros a 30 de junio de ese mismo año, estaba en causal de disolución.
En oficio enviado a esa sociedad el 4 de diciembre del 2015, la Superintendencia de Sociedades señaló que la firma contaba con 'activos por valor de COP$25.494 millones y unos pasivos de COP$29.399 millones, lo que refleja que ha quedado en causal de disolución'.
Pero eso no es todo. En junio del 2015, Marcelo Odebrecht, propietario de la multinacional heredada de su abuelo Norberto (con presencia en 26 países y 168.000 empleados), y uno de los empresarios más poderosos de Brasil, fue apresado dentro de la investigación ‘Java Lato’ que destapó un escándalo de corrupción que llegó a involucrar a los expresidentes de ese país Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Para el abogado, economista y maestro en Finanzas Corporativas José Roberto Acosta, de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, la denuncia que presentó este miércoles en compañía del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo es una muestra de que Odebrecht tenía 'insolvencia financiera y moral' para que le fuera aprobado el cuantioso préstamo.
Según su denuncia, los desembolsos al consorcio que ejecuta esta Alianza Público Privada (APP) fueron realizados el 17 y el 22 de diciembre del 2015, por montos de 70.000 y 50.000 millones de pesos, respectivamente.
Para ese entonces, todavía no se contaban con los recursos del banco japonés Sumitomo para hacer el cierre financiero para iniciar las obras de navegabilidad en el río Magdalena (algo que ocurrió hasta el pasado 16 de diciembre), por lo que el crédito carecía de garantías reales.
Estos $120.000 millones fueron destinados a obras de 'preconstrucción', pero resultarían vitales para que Odebrecht se hiciera con el contrato que se le había adjudicado en agosto del 2014, pero que no había arrancado por falta de solvencia económica
'A Odebrecht ningún banco privado le quería prestar por esa insolvencia moral y financiera. Si no conseguían los recursos no podrían participar efectivamente en la APP. Fue entonces que acudieron al Banco Agrario', dijo Acosta, quien mostró el acta de esa entidad el día que se aprobó el crédito y que firman Andrés Escobar, delegado del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y Arturo Dajud Durán, delegado del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
El presidente para la época del Banco Agrario, Francisco Solano, dijo al diario La República que se trató de un crédito puente, con una fuente de pago que en su momento era el cierre financiero y con una garantía liquida que son unos certificados de la Fiduciaria de Occidente.
'La aprobación del crédito se hizo con la facultad legal que tiene el banco respetando todas las políticas de atribución, incluso por el monto, en su momento se aprobó por la junta directiva', declaró a ese medio.
Las preguntas que quedan en el aire frente a este tema no son de poca monta. Una es si la APP aguantará este nuevo escándalo y si se mantendrá en el negocio el banco Sumitomo, porque de no continuar sería la debacle. En esto está en juego que sea realidad el anhelado proyecto de navegabilidad por el río Magdalena.
