Falsificando las firmas del psiquiatra que supuestamente habría atendido y recetado en 2012 el mismo tratamiento a 236 falsos enfermos mentales drogodependientes, la administración del exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, le pagó $4.847 millones de pesos a la entidad prestadora de servicios de salud mental Fundación Camino a la Virtud, en lo que denominó la Contraloría como el segundo capítulo del ‘cartel de los enfermos mentales’ en Sucre.
Lo anterior fue establecido por el ente de control fiscal en una auditoría, conocida por EL HERALDO, que revisó la vigencia de 2016 a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en Sucre, donde el contralor Edgardo Maya y el contralor delegado José Soto le ponen de presente al gobernador Édgar Martínez, en un informe fechado el pasado 30 de noviembre, que en total se hicieron 13 hallazgos fiscales en el departamento, por un total de $6.411 millones, de los cuales dos se refieren al ‘cartel de los enfermos mentales’, por $4.847 millones.
El mismo tratamiento 236 veces
El primer hallazgo tiene que ver con la la resolución N° 5113 del 18 de diciembre de 2012, en la que el exgobernador Guerra Tulena ordena el pago de $3.475 millones a la entidad prestadora de servicios de salud mental Fundación Camino a la Virtud, cuyo representante legal es Jeo Martínez Herazo.
Allí, encontró el ente de control, que 'examinada la facturación y documentos soportes existentes, que respaldan el valor reconocido y pagado a la Fundación, se evidenció que presuntamente no fue prestado el servicio correspondiente a 521 facturas, cuyo valor neto reconocido y pagado asciende a $2.646 millones'.
Además, 236 facturas corresponden a servicios de atención a enfermos mentales drogodependientes, en cuyos soportes figuran registros de atención del psiquiatra, en fechas en las que éste no laboraba con la Fundación. Al respecto, el psiquiatra en cuestión le aseguró a la Contraloría que la letra no era suya, que las palabras usadas no correspondían a la terminología médica y que, extrañamente, el tratamiento recetado en los documentos espurios siempre es el mismo.
Y en 376 facturas en cuyos soportes figuran formatos de referencia del Hospital Universitario de Sincelejo, correspondientes a pacientes supuestamente atendidos en el hospital por patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, se evidenció que estos pacientes no fueron atendidos ni referidos por esa institución hospitalaria.
Por lo anterior se ocasionó un daño patrimonial por $2.646 millones, además, con posibles incidencias disciplinarias y penales.
Pagos sin soportes
Otro hallazgo que establece la Contraloría es que la Gobernación y la misma Fundación suscribieron dos acuerdos de pagos de fechas 21 de diciembre de 2012 y 5 de agosto de 2013, por $3.475 millones y $2.275 millones, respectivamente, de facturaciones de vigencias 2010, 2011 y 2012.
De esta forma, hubo nueve pagos de 225 millones en octubre de 2012, de $2.700 millones en diciembre de 2012, de $775 millones en abril de 2013, de $455 millones en septiembre de 2013, de $682 millones en enero de 2014 y de $1.137 millones en marzo de 2014.
No obstante, advierte el organismo de control fiscal que 'no se evidenció por parte del equipo auditor la existencia física de 527 facturas que soportaran los pagos efectuados y ya discriminados, en que incurrió la Administración' y que 'no se aplicaron los procedimientos de auditoría médica requeridos por parte de la Secretaría de Salud Departamental para determinar la existencia física de los soportes'.
Aunque se expidió una certificación suscrita por el líder del Programa de Auditoría de la Secretaría Departamental de Salud de Sucre, donde afirma que las facturas fueron debidamente auditadas y conciliadas y que, por lo tanto, se encontraban aptas para su pago, facturas que sin embargo no pudieron ser presentadas al organismo de control.
Por ello, señala el informe que se trata de un presunto detrimento de $2.176 millones, con posible competencia penal y disciplinaria.
Lo que ya se investigaba del ‘Cartel’. Por hechos similares, ya la Contraloría adelantaba 11 procesos de responsabilidad fiscal. Se trata de casos relacionados con pagos efectuados durante la vigencia 2015, y que ya habían sido objeto de investigación por parte del ente de control.
La pesquisa involucra directamente el exgobernador Guerra, quien responde en los 11 procesos de responsabilidad fiscal por una suma cercana a los $2.155 millones, y además se tiene la lupa puesta sobre los ex secretarios de Salud Departamental, Nayibe del Carmen Padilla Villa y Efraín de Jesús Suárez Arrieta, así como sobre los funcionarios Samir Gregorio Serpa Álvarez y Oswaldo Marcial Contreras Gómez.
De hecho, en su momento se trasladaron los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, ya que según el contralor Edgardo Maya 'en el departamento de Sucre posiblemente se crearon varias IPS de papel, para desfalcar los recursos del Sistema General de Participaciones, por lo que se debe perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de tales empresas'.
