Un informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reveló que la mujeres cabezas de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores y con algún tipo de violencia son el común denominador de quienes están privadas de la libertad en el territorio nacional.
El análisis consideró que la mayor parte de las mujeres que están en las cárceles no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez.
'De hecho, el 53,4 % de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2 % fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva', aseguró el informe.
A juicio del estudio, la permanencia de las mujeres en la prisión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, pero en cambio tiene un impacto en su núcleo familiar. Según el estudio, al momento de su encarcelamiento el 85 % eran madres y el 54 % de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuáles eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención.
El análisis dice que con su encarcelamiento se rompe el núcleo familiar, lo que deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma y las presiones sociales y económicas que pueden llevarlos a vincularse, a su vez, con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.
Así las cosas, 'la investigación cuestiona si la prisión debe ser la respuesta dominante frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que tienen responsabilidades de cuidado'.
Para Liliana Sánchez, principal investigadora del informe, 'es necesario ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para mujeres infractoras que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana y que tienen responsabilidades de cuidado'.
En este sentido, los autores del informe abogan por un diseño e implementación de alternativas a la prisión para las mujeres infractoras que incorpore una perspectiva de género y un enfoque de justicia restaurativa, así como una política criminal centrada en la prevención y la reinserción, promoviendo mayores programas laborales y educativos para recluidas y pospenadas.
Para los investigadores, 'las medidas alternativas generan costos menores y son más efectivas para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en contacto con el sistema penal.
