La JEP informó este martes que a través de un auto de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz vinculó a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, al caso de los desaparecidos en el marco del conflicto en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango.
El sistema de justicia transicional le da además a la empresa antioqueña un plazo de 10 días para que presente la información requerida para sustentar su dicho de que 'ninguno de los cuerpos sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y la Fortuna (Buriticá), guardaban relación alguna con el conflicto armado'.
El tribunal de paz criticó finalmente el hecho de que las empresas de Medellín 'no han entregado la información relativa a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM'.
ASUMEN CASO DE MONTOYA. La JEP se encargará de caso de desaparición forzada de activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos presuntamente cometido por el general en retiro Mauricio Santoyo Velasco. Así lo determinó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que declaró la competencia 'exclusiva y prevalente' de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sin embargo, la Sala le comunicó a la Fiscalía para que de manera 'complementaria y armónica' con la JEP finalice la investigación hasta que califique el mérito del sumario. Así las cosas, será el tribunal de paz el encargado de juzgar y sancionar los delitos por concierto para delinquir y la desaparición forzada presuntamente metida por el general Montoya.
Montoya era el comandante del Gaula en Medellín en diciembre de 2001, cuando Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel Quintero Mesa fueron desaparecidos.
