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El Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo le negó ayer el tercer preacuerdo a Ronaldo Herazo Bertel, más conocido como ‘Rildo’, procesado como el cerebro del denominado cartel de los ‘enfermos mentales’ que desangró la salud en el departamento de Sucre en la pasada administración.

La Fiscalía Sexta Anticorrupción y Ronald Herazo Bertel, conocido como ‘Rildo’, pretendían que este pagara $1.230 millones correspondientes al supuesto porcentaje que recibió por concepto de coimas en el pago que la Gobernación hizo a cuatro IPS por enfermos mentales inexistentes. Además pretendía pagar solo 70 meses de prisión; es decir, 5 años y ocho meses por colaborar con la justicia.

Entre 2012 y 2015 con falsos pacientes, varios funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre habrían desfalcado al sector salud en unos $5 mil millones, lo que generó una medida cautelar a los recursos de la salud por parte del Ministerio de Salud.

El Juzgado calificó la solicitud como 'tozuda y caprichosa' teniendo en cuenta que la ley señala que cuando se trata del patrimonio público se debe devolver todo el dinero, que para este caso serían los $4.998 millones que con constancias falsas cobraron las cuatro IPS.

Consideró el togado que no se atendieron las exigencias de los requerimientos, por lo que la solicitud no tiene procedencia. A pesar de ello la Fiscalía y la defensa de ‘Rildo’ apelaron. El ente acusador alegó que se debe revocar tal decisión, porque el preacuerdo está sustentado en las normativas legales existentes por lo que es completamente legítimo y se acomoda a lo jurídico.

En cuanto al dinero, la defensa dijo que la Gobernación tiene prelación de créditos, máxime porque en mayo de 2017 ‘Rildo’ le entregó $615 millones.

Entre tanto la defensa de Herazo Bertel también pidió que se revoque esa decisión porque desde que su cliente fue acusado siempre se ha hablado de que la responsabilidad de él es por recibir las coimas correspondiente a la cifra ofrecida en el preacuerdo.

Ahora al Tribunal Superior de Justicia le tocará decidir si deja en firme la decisión del Juzgado o tiene en cuenta los argumentos de la Fiscalía y la Defensa.