En el Cesar, 214.571 hectáreas son utilizadas para la explotación de carbón, según el registro de los títulos mineros que tiene el Departamento. Esta se convierte en el área general fuente de contaminación en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Codazzi, en el centro de este territorio.
La cifra es casi similar a la que ostentaba el Cesar hace menos de tres décadas cuando aun había bonanza agrícola, con unas 234.000 hectáreas cultivables. La situación ha cambiado; ahora predomina la minería a gran escala, que si bien ha permitido millonarios ingresos para los entes territoriales, está ocasionando efectos en la salud de los habitantes de esta zona y en los recursos naturales.
El secretario de Minas del Cesar, Pedro Díaz, dijo que universidades como la Nacional y la de Los Andes han realizado estudios que dan cuenta de la dimensión de la afectación tanto a personas como animales, fuentes hídricas y vegetación en la zona.
Sostuvo que 'estamos apuntándole a una articulación con la secretaría de Salud seccional para medir los efectos de la contaminación. Ya el ministerio del ramo cuenta con un estudio epidemiológico a raíz de un tamizaje que se hizo en la vista de los lugareños, además de las estadísticas que manejan los hospitales y centros asistenciales en cuanto a enfermedades respiratorias agudas'.
Sin embargo, la situación de salud en los pueblos en el corredor minero y el impacto negativo al medio ambiente, conllevó a que en estos momentos estén en curso 7.000 demandas y denuncias contra las compañías mineras que ejercen su actividad en esta zona.
La queja indica que existen evidencias palpables como los techos de las casas, las hojas de los árboles y los depósitos de agua para el consumo humano que decantan el polvillo de carbón.
'La condición privilegiada de este emporio minero ubicado frente a las estribaciones de la serranía de los Motilones, perteneciente a la cordillera oriental, fábrica de agua donde nacen infinidad de ríos, quebradas y manantiales cristalinos, comenzó su transgresión natural con el descapote de miles de hectáreas de bosque, la anulación de cauces que se interponían a la explotación minera y el desplazamiento masivo de animales', indica Miguel Ángel Castilla, uno de los denunciantes.
Los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, Maracas, San Antonio y la quebrada El Pajuil, que bordean y recogen los químicos de los botaderos son los primeros damnificados. 'Los ríos de agua potable de los 80, terminaron arrastrando las aguas contaminadas de seis empresas cambiando de paso la vocación agrícola y cultural de los habitantes', señala.
'La vocación extractiva de las empresas, la utilización de explosivos en voladuras diarias, con repercusiones en las micro cuencas y la incidencia irreversible en la salud humana y el agrietamiento de casas, enseña un verdadero problema de salubridad pública. De todos los flagelos endémicos, el polvillo de carbón constituye la principal enfermedad silenciosa', puntualiza la denuncia.
