VALLEDUPAR. Siendo alcalde del municipio de La Gloria, sur del Cesar, Reinel José Lobos Galvis, quien dejó el cargo el pasado 1 de enero, contrató en 2014 la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, CDI, en un predio ajeno, lo registró mediante escritura pública como si perteneciera al Municipio y anticipó $411 millones para la obra.
Por estas decisiones la Contraloría General de la República, CGR, acaba de abrirle un proceso de responsabilidad fiscal, porque como el lote pertenecía a la iglesia católica los trabajos fueron suspendidos y quedó inconcluso el CDI.
Los recursos que utilizó el entonces Alcalde provenían del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que impulsaba este proyecto con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, en ejecución del contrato de obra 2014020942, suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio CDI del Cesar.
Lobo fue vinculado al proceso fiscal por protocolizar la escritura pública que determinó como bien baldío el predio mencionado, sin que se cumpliera con la normatividad que regula esta cesión (Ley 388 de 1997).
Se considera que desconoció el procedimiento previsto para estos efectos por la Superintendencia de Notariado y Registro al no presentar para el trámite notarial los documentos requeridos que permitieran identificar con claridad los linderos.
Por su actuar la CGR conceptuó que contribuyó con un 'daño patrimonial'.
OTROS VINCULADOS
La Contraloría vinculó también como presuntos responsables fiscales a Paulo César Díaz Delgado, abogado contratista de Fonade para la época de los hechos, por la falta de cuidado y debida diligencia en el estudio de los títulos de los predios donde se ejecutaría el CDI de La Gloria, toda vez que con su concepto jurídico favorable, del 28 de febrero de 2014, avaló el predio seleccionado por la alcaldía y la Gobernación.
Otros vinculados al proceso son las firmas Consultores Técnicos y Económicos S.A., Consultécnicos, y Siga Ingeniería y Consultoría S.A., como integrantes del Consorcio VIP que suscribió con Fonade el respectivo contrato de interventoría, y Ana Karina Cuéllar Quintero, contratista encargada de la supervisión técnica y administrativa de los contratos derivados del convenio 212081.
