Mucho se ha escrito sobre el caso de la revocación de la licencia del proyecto Área de perforación exploratoria Serranía por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en las cercanías del parque nacional natural Sierra de la Macarena. El acto ha sido celebrado por la mayoría de los ciudadanos, y se ha utilizado como un ejemplo de la presión que los medios y la opinión pública pueden ejercer sobre las decisiones estatales. Inclusive, ha motivado la renuncia del director de la entidad que otorgó la licencia, nueva causa de regocijo en un país tan aficionado al escarnio y a la desgracia ajena. Sin embargo, este episodio revela una de nuestras fallas estructurales más alarmantes: la ausencia de reglas claras.
Afortunadamente el desacierto se corrigió, al parecer era muy riesgoso permitir la exploración petrolera en un lugar con unas características ambientales tan particulares. A pesar de lo estrambótico de la decisión, siempre será mejor tomar medidas a tiempo que lamentar sobre los hechos cumplidos. Lo que resulta difícil de comprender son las razones que motivaron la expedición de la licencia en primer lugar, siendo tan evidentes sus desventajas. Es muy preocupante que la entidad, a la cual desde hace rato se le achacan demoras y falta de eficacia en sus trámites, también se equivoque de una forma tan flagrante y obvia. Quedan así aún mayores dudas sobre la idoneidad y la capacidad de la Anla, de cuyas decisiones depende el buen manejo de nuestros activos naturales. Esperemos que esta situación motive cambios profundos, serios y pensados sobre la protección del medio ambiente en Colombia.
Todo esto es sin duda importante, pero quizá el daño más notorio que puede causar este asunto es que plantea un grado de incertidumbre significativo, un precedente que puede poner en duda la naturaleza misma y el sentido del trámite de una licencia de este tipo. No podemos olvidar que Hupecol, la empresa que solicitó la licencia, cumplió con todos los requisitos legales para su expedición y que obtuvo una comunicación formal en la que se le otorgaba el permiso. La empresa invirtió recursos en este trámite, trabajó por ello y logró su aprobación. En cualquier país serio, luego de ceñirse a la ley y de obtener una respuesta positiva por parte de la autoridad, no cabrían dudas de la estabilidad legal de un proyecto. Aquí no, y eso es lo más grave. ¿Con qué grado de seguridad puede un inversionista arriesgar sus recursos si ni la palabra del Gobierno es definitiva? ¿A quién creerle? Ese es el principal problema, con esta licencia y su posterior revocatoria se ha minado aún más la credibilidad en las instituciones colombianas.
Gran parte del éxito de los países desarrollados se debe a un ambiente de confianza general en todos los niveles. Esto se logra cuando hay una serie de normas que se aceptan y se cumplen de manera concertada, sobre todo por parte del Estado. Es triste observar lo lejos que estamos de un entorno así.
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