En días pasados, la Corte Constitucional ha dado a conocer a la opinión pública que finalmente le ha dado el aval requerido por ese alto tribunal de la justicia colombiana a la Ley Estatutaria de salud que había sido aprobada en el Congreso de la República en junio de 2013. Si bien ha sido un aval “con condicionamientos”, lo cierto es que la Corte le ha dado el paso que requería dicho texto para convertirse en Ley de la República.

Esta Ley estatutaria pretende definirle el ámbito al derecho fundamental de la salud, derecho que en un país como el nuestro es bien sabido que diariamente reiterada y sistemáticamente es violado, independiente que la persona afectada esté bajo un esquema de aseguramiento formal en salud o no.

Sin embargo, el aval que le ha dado la Corte Constitucional a la Ley Estatutaria de salud y el impacto que dicho marco normativo traerá para los colombianos ha generado más dudas que tranquilidad sobre lo que será el real y efectivo goce del derecho a la salud en el territorio nacional.

Por lo menos para personas que han estado luchando por la reivindicación de este preciado derecho –como el médico especialista en Bioética, doctor en Historia y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia Mario Esteban Hernández Álvarez– sostienen que la citada Ley Estatutaria “no corresponde a las necesidades de salud del país”.

Según Hernández, el derecho a la prestación de servicios de salud quedó restringido por esta nueva Ley “a un paquete de servicios y tecnologías que se definirán cada año”. Según este experto, esta situación se constituye en “un tema gravísimo porque, con una serie de exclusiones explícitas, lo que antes llamábamos ‘No POS’ ya no será cubierto con recursos públicos del Sistema de Seguridad Social, sino con la plata de las familias de acuerdo con su capacidad de pago”.

Lo anterior genera preocupación para todos los colombianos que esperaban que esta importante columna de la pretendida reforma a la salud, gestada por iniciativa del Gobierno (la otra columna es la ley ordinaria que sigue embolatada aún en el Congreso y no se sabe si finalmente saldrá o no en la presente legislatura), se convirtiera en el definitivo respaldo legal que defendiera un derecho que constitucionalmente está anunciado para los colombianos desde 1991, pero que en la realidad se evidencia que es un derecho “aún por estrenar” en este país.

La situación es lamentable, pues aunque cuando se conoció el aval de la Corte la semana anterior, un trino de un funcionario del Gobierno anunció ese hecho como derrota para quienes cuestionaron el contenido y el sentido de la ley en mención, lo cierto es que si al final se llega a sancionar por el Presidente la Ley Estatutaria y no se tienen el derecho a la salud en los términos que lo estableció la Constitución, sí habrá derrota, pero será para todos los colombianos.

Si resulta cierto la conclusión de Hernández al decir que con esta ley así avalada “lo que está pasando es una regresividad en la garantía del derecho”, será muy triste que tuviésemos otra nueva ley que engrose la ya obesa normatividad en Colombia, y no tengamos el derecho a la salud que todos nos merecemos.

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