El procurador Ordóñez se ha pronunciado. Según él, los funcionarios públicos están impedidos para salir a respaldar el “Sí” o el “No” en el Plebiscito por la refrendación de los Acuerdos pactados en La Habana. Me atrevo a señalar que se equivoca, pues estos en efecto no pueden participar en política, pero este aunque es un ejercicio electoral, no tiene como fin la llegada al poder de un candidato o colectivo específico. Me explico, al ser la paz un derecho y un deber constitucional, todo ciudadano, sin importar el cargo que ocupe -excepto los militares- deben tener la posibilidad de pronunciarse de forma privada o pública, a favor o en contra, de la decisión que como país tomaremos.
Hace poco alguien me refutaba este argumento y como soporte de su crítica me traía a colación el plebiscito de 1988 en Chile, el cual ha marcado el rumbo político de esta nación hasta la actualidad. Pero es que no hay comparación alguna. En este icónico caso, el “Sí” o el “No” de los chilenos significaba la continuidad o el fin de la dictadura de Pinochet. Es cierto que en ese proceso de participación se elegía el sostenimiento en el poder de un grupo político. En Colombia es totalmente diferente, por lo que el paralelo entre ambos escenarios simplemente no cabe.
En Colombia, insisto, se participa en política cuando la elección en cuestión conduce a la obtención del poder. Por lo tanto, los funcionarios públicos, a menos que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento contrario, estarán en todo su derecho de salir a respaldar o criticar cualquiera de las dos alternativas. Esta será una decisión trascendental en la que prohibir dichas manifestaciones podría terminar por crear mayores posibilidades para que se generen focos de corrupción. El servidor público a favor del “No” podría ser el más afectado ante la imposibilidad de expresarlo. El mismo Procurador ha dejado clara ya su posición, ¿entonces?.
Es obvio que las fuerzas políticas se moverán hacia la alternativa que más les convenga, pero es que: ¡Están en su derecho! Llenar este proceso de limitaciones y secretismo solo ocasionaría mayores peligros para nuestra estabilidad democrática. Estas palabras no nacen desde la ingenuidad, sino por el contrario, reconociendo los ‘pros’ y ‘contras’ de lo que se viene, lo mejor que puede ocurrir es que cada quien, sin importar si labora en el sector público o privado, pueda pronunciarse libremente. La mejor forma de cuidar que los recursos y bienes públicos no sean utilizados a favor o en contra de una opción, o que a ningún empleado del Estado se le obligue a hacer campaña por una alternativa, es llevando a cabo un proceso transparente e incluyente.
@KDiarttPombo
