El procurador Alejandro Ordóñez dijo ayer en esta capital que el país pasó de tener 40 mil hectáreas de coca a cerca de 150 mil, la misma extensión que existía en el 2000.
'Naciones Unidas me está dando la razón: Colombia, nuevamente, está nadando en coca, tenemos el mismo hectareaje del 2000 y eso ha sido producto de la política de Estado que renunció a la fumigación en una concesión a la paz', indicó el Jefe del Ministerio Público.
Ordóñez fue conferencista de la charla ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’, a la que asistieron mandatarios de Córdoba y Sucre, en el auditorio Elías Bechara de la Universidad del Sinú.
Su pronunciamiento surgió del punto 9 de sus advertencias a los mandatarios, en lo que a seguridad ciudadana se refiere. 'Ese tema de los cultivos de coca incrementa el microtráfico, que en últimas es un instrumento para delinquir. Por eso la importancia de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana', sostuvo.
Agregó que de la producción de coca 'quien se beneficia es la guerrilla'.
La corrupción. Ordóñez dijo que la Procuraduría estará atenta a que los nuevos mandatarios no incurran en 'fallas, errores u omisiones' que signifiquen perjuicios para las comunidades. Y les recordó que 'son representantes de todos, no de sus grupos o partidos políticos'.
'Los actos de corrupción –afirmó– deben ser enfrentados con independencia y con decisión. La corrupción no solo es meterle la mano al presupuesto. La corrupción también es poner la autoridad pública al servicio de intereses particulares' y seguidamente enfatizó que los funcionarios públicos 'no pueden hacer lo que quieran, debe hacer lo que debe'. 'Muchos funcionarios creen que la autoridad es para beneficiarse y ello se traduce en la actual crisis que vive la institucionalidad', señaló.
Recordó que desde que está al frente de la Procuraduría han sido destituidos 2.656 funcionarios, entre ellos 1.504 alcaldes. '¿Para qué se metieron en eso? Quien está en la vida pública tiene vocación por lo público y quien no la tiene no aguanta diez minutos', sostuvo. También han sido destituidos 1.408 concejales, 82 gobernadores y 22 diputados. Advirtió que en esa cifra no están incluidos secretarios de despacho y gerentes o directores de entidades públicas.
El 40% de esas sanciones han sido por desconocimiento de la función pública, es decir 'por ignorancia'. El 60 % restante ha sido por actos de corrupción.
