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La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó, por desición unánime, la nulidad en la elección del actual alcalde del municipio de Cereté, Córdoba, Salim Hamed Chagüi Flórez.

Chagüi Flórez estaba inhabilitado al haber firmado un contrato de prestación de servicios profesionales con el departamento apenas unos días antes de su elección, según dio a conocer la Sala en un comunicado.

El acto administrativo de elección fue expedido el 1 de noviembre de 2015, y Chagüi Flórez había celebrado un contrato con el departamento el 25 de octubre de 2015, es decir, dentro del año anterior a su elección como primera autoridad de dicho municipio.

La Sala encontró que es claro que el contrato 'debía ejecutarse en todo el departamento de Córdoba, lo cual incluye al municipio de Cereté y por tanto se configura este requisito de la inhabilidad'.

La Sala revocó la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones, declaró la nulidad del acto de elección de Salim Hamed Chagüi Flórez, alcalde municipio de Cereté – Córdoba para el periodo constitucional 2016-2019, y ordenó cancelar las credenciales del alcalde a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Chagüi Flórez había ganado las elecciones con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), con 17.221 votos, mientras que su inmediato contrincante Camilo Mejía padilla, con el aval de la U y del partido Liberal obtuvo 16.772 votos. Después siguió en resultados el candidato del partido Conservador, Milad Barguil Janna, con 15.689 sufragios.

El fallo de la alta corte dejó sin piso jurídico un primer fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba, que el 27 de abril pasado negó las pretensiones de la demanda que interpuso el ciudadano Carlos Isaza Serrano.

Con el caso de Chagüi ya son 5 los alcaldes de Córdoba, elegidos el pasado mes de octubre, que han sido sancionados de sus cargos por diversas inhabilidades.

Son ellos, el mandatario de Purísima, Orlando López Palencia, por estar inmerso en la investigación del 'Carrusel de la Educación en Córdoba'; luego el de Buenavista, Miguel Guzmán Mieles; a quien las autoridades hallaron responsable del delito de corrupción electoral; posteriormente el alcalde de San Andrés de Sotavento, Sergio Romero Basilio, por doble militancia y hace dos semanas se conoció la suspensión de la elección de la alcaldesa de Momil, Érika Díaz, debido a que un pariente suyo actuó como jurado en uno de los puestos de votación el día de las elecciones, lo que derivó una demanda de nulidad.