Desde que inició el actual paro agrario, el gobierno de Santos ha puesto en duda los intereses políticos que pueden estar detrás de esta iniciativa —el que sea en medio de la campaña electoral presidencial genera las dudas—. Sin embargo, más allá de esto, las manifestaciones dejan en evidencia las grandes deficiencias del sector, que no son nuevas y que necesitan medidas estructurales, antes que soluciones coyunturales para frenar un paro.
El sector del agro en Colombia está dividido en dos subsectores: la explotación agraria moderna y la tradicional. Este último abarca a los pequeños campesinos, que representan el 94% de las unidades productivas, pero sólo ocupan el 30% de la superficie de uso agrícola, lo que pone de manifiesto la gran concentración de tierras en el país.
Esta concentración de la propiedad rural se ha agudizado en los últimos veinte años. La mayoría de las mejores tierras rurales se agrupan en manos de pocos propietarios, y es muy limitado el acceso de la población rural a tierras de calidad, con disponibilidad de agua y buena ubicación frente a los mercados. Resultado de esto los grandes propietarios incrementaron su posesión de tierras y el índice de Gini de predios aumentó de 0,79 en 1988 a 0,86 en 2010.
La ausencia de políticas para el fortalecimiento de este subsector, además de la pobre financiación para los campesinos, ha afectado la competitividad de estos productores; hasta el punto que algunos solo producen la tierra para subsistir ellos mismos y sus familias. El paro del año pasado ya había evidenciado los problemas derivados de la baja competitividad de los productores nacionales.
Entre estos se destaca el uso excesivo de fertilizantes —en Colombia se usa cuatro veces más fertilizante por hectárea cultivable que nuestros vecinos de Ecuador y Perú—, y el alto costo de los agroinsumos que asumen los productores, por lo cual sus precios no son competitivos.
Por ahora, las demandas de los productores al gobierno pasan por la condonación de créditos, la reducción del precio de fertilizantes y combustibles y el freno al contrabando de productos agrícolas.
Aunque estos no son problemas nuevos, en los últimos veinte años no ha habido una política estructural para darle soluciones permanentes. Silvana Insignares, directora del Observatorio de Comercio Exterior de Uninorte, señala que el sector agrícola del país se ha visto expuesto a los cambios del sector externo y a la política de apertura económica nacional.
'Nuestros productores nacionales no han aprendido a producir de manera eficiente, y aquí es donde el Gobierno juega un papel importante en el desarrollo de proyectos de investigación y acompañamientos de asistencia técnica', agrega Insignares.
Un enfoque distinto. Por su parte, Jahir Lombana, director académico de la Escuela de Negocios de Uninorte, considera que el sector agrícola pudo verse afectado por el cambio de enfoque del desarrollo rural del país. Antes se veía únicamente desde lo agrícola, pero ahora lo integran con subsectores que subyacen a lo rural, como la industria, el turismo y, particularmente en Colombia, el minero-energético.
Gracias a esta visión, las políticas rurales en el país están concentradas en el sector minero, que tiene más impacto en el PIB. Para el agro solo se han contemplado políticas coyunturales para solucionar problemas a corto plazo, como otorgar subsidios o condonar créditos. Sin embargo, este tipo de medidas promueven una competitividad artificial que no es sostenible en el tiempo y que al final puede ser perjudicial.
'El agro colombiano, aquel que tiene potencial productivo, no ha innovado para lograr una competitividad que sea dinámica y sostenible. El agro que es para autosuficiencia, el que cubre la mayoría del empleo agro-rural, requiere actividades productivas sostenibles', dice Lombana, y agrega que son pocos los subsectores que se han beneficiado de políticas puntuales y estratégicas (café, banano, arroz, por nombrar algunos).
La búsqueda de soluciones de largo plazo no es sencilla, pues debe estar acompañada por un cambio de mentalidad en la concepción de lo rural. Las propuestas hay que enfocarlas en las estructuras productivas y la innovación, tanto para los sectores con potencial como los de subsistencia.
Concentración en explotaciones ganaderas. Estas son de gran tamaño y generadoras de poco empleo. En promedio, cada unidad productiva en la Región Caribe tiene disponibles 60 hectáreas, es decir 2,7 veces más tierra que el promedio nacional. Los principales productos agrícolas de la región son cultivos industriales, y su evolución ha variado poco durante la última década. La región produce 14% del arroz del país, 65% del algodón, 36% del maíz, 30% de la palma africana, 22% del banano, 63% de la yuca y 95% del ñame. Solo el cultivo de yuca y ñame son producidos por las pequeñas explotaciones, y tienen el carácter de ser de subsistencia, preferidos por su alto contenido calórico y rendimiento del cultivo.
La concentración de tierras en la región es elevada: el 92% de las unidades productivas agrarias en el Caribe solo dispone, en promedio, de 2 hectáreas. Y el índice de Gini varía de entre 0,73 en Atlántico, el más urbano, hasta 0,83 en Córdoba, el departamento con mayor población rural de la región y, coincidencialmente, con peores indicadores de pobreza.
¿Otra misión rural?, perdimos tiempo valioso
Opinión José Luis Ramos*
Uno de los errores en los que regularmente incurren los gobiernos es desconocer las ejecutorias pasadas que han sido exitosas, y de igual manera, las propuestas construidas sólidamente con la participación de los actores territoriales.
En 1998, la Universidad del Norte fue invitada, conjuntamente con las universidades Industrial de Santander, de los Andes y del Valle, a formar parte de una apuesta denominada Misión Rural: Transición, Convivencia y Sostenibilidad, que lideró el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Al proyecto se vincularon asociaciones campesinas, gremios de la producción, centros de investigación, instituciones oficiales del sector e instituciones internacionales. Se definieron líneas de acción a nivel político, económico, ambiental, cultural y social para el campo colombiano.
En concreto, se estudiaron ocho ejes temáticos para el desarrollo rural: modernización de la agricultura, equidad y campesinado, educación y pobreza, sostenibilidad y medio ambiente, conocimiento e innovación, institucionalidad, mujeres rurales y convivencia en Colombia.
Hoy día, el gobierno colombiano presenta otra misión rural, que tiene por objeto analizar los mismos problemas del sector rural estudiados hace dieciséis años. Revisando sus propósitos, es muy poco lo que agregaría a los ocho ejes temáticos estudiados con la Misión Rural 1998.
Por ejemplo, si bien es cierto que se ha generado un leve mejoría en las condiciones de vida de la población rural, las cifras del Dane, revelan que el sector rural colombiano tiene más pobres que muchos países de América Latina (en Colombia, 83% de los habitantes del campo son pobres, mientras que el promedio de Latinoamérica es de 53%).
Transcurridos varios días del paro agrario, los colombianos hemos asumido las consecuencias. A nivel de la economía, estos han generado altos costos. El reporte de Anif 2013 estimó que el país dejó de producir $260.000 millones por 20 días de paro agrario (0,2% del PIB trimestral), que quizás se hubiese podido evitar al implementarse las apuestas de políticas diseñadas en la Misión Rural 1998.
Esta misión pretendió ser un punto de partida hacia un diálogo nacional que permitiera pensar el país desde lo rural, invitando a considerar una nueva realidad del sector rural como factor estratégico para darle un nuevo sentido al desarrollo colombiano. Por ello, las nuevas apuestas de la Misión Rural 2014 se deben elevar a política de estado, para que no queden como propuestas de gobierno.
Nada garantizaría su ejecutoria sino a través de un marco institucional, reconocido por todos los actores territoriales, que permita alcanzar el sueño considerado en la Misión Rural 1998: búsqueda de la paz, anhelo de progreso y bienestar, construcción de una sociedad donde quepamos todos por medio del ejercicio de la razón y el dialogo constructivo.
Desde los albores de la Misión Rural 1998 hasta la presente se ha perdido tiempo valioso que hubiese sido útil para superar los problemas actuales del sector rural. Decisiones partidistas de gobiernos no pueden estar por encima de los anhelos territoriales, que refrendados en acuerdos colectivos, llegaría a construir lo que el difunto investigador de la Misión Rural 1998, Alfredo Correa De Andreis, denominó: el mundo rural caribe.
*Profesor del IEEC, Uninorte.
