Iván Darío Gómez Lee, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, visitó las instalaciones de EL HERALDO para dar a conocer los objetivos que se propusieron los seis magistrados que conforman la Sala Administrativa, para mejorar la prestación del servicio de justicia, al tiempo que señaló la falta de compromiso de los congresistas con el sistema judicial actual.
De acuerdo con el magistrado Gómez Lee, entre los objetivos está hacer un análisis de las necesidades y de las realidades en los despachos judiciales y los Tribunales de todo el país; contribuir a la formulación del plan decenal del sistema judicial colombiano, previsto en la ley del plan nacional de desarrollo y sincronizarse con las inquietudes que se han generado en todo el país por el funcionamiento de los centros de servicios, de cara a su mejora y optimización a favor de los usuarios y funcionarios del poder judicial.
¿Cómo está el sistema de justicia actual?
El sistema de justicia en Colombia con la carta de 1991 fue fortalecido en cuanto a su independencia, pero en las últimas décadas ha sido objeto de reformas o intentos de reformas institucionales y en alguna medida ha sido puesto en el ojo del huracán por situaciones aisladas, completamente descontextualizadas que generan mucha preocupación y que han llevado a plantear diferentes reformas y a desinstitucionalizarlo.
¿Hace falta una reforma a la justicia?
La reforma a la justicia es un hecho porque fue aprobada por el acto legislativo 02 de 2015 que está examinando la Corte Constitucional, si este no es declarado inexequible es de aplicación inmediata por lo tanto hoy la justicia tiene un nuevo escenario y nuevos retos.
Sin embargo, el principal baluarte de la administración de justicia es que los poderes públicos respeten su independencia. El sistema democrático está fundado en que los tres poderes sean independientes y autónomos, y la justicia demanda el respeto y la consideración de los poderes públicos, como por ejemplo es el compromiso del Congreso de la República con las necesidades de tecnificación y de mejora en la calidad de servicio por encima de los intereses personales que se puedan tener en las reformas políticas.
¿Cuánto es el presupuesto de la justicia?
El presupuesto de inversión de la administración de justicia ha decrecido en los últimos años. Hace dos años el presupuesto era de 331 mil millones de pesos para atender la operación en los despachos de 5.422 jueces y magistrados, es decir, que comparado este presupuesto de inversión, con lo que gastan otras entidades, no es representativo. Ese presupuesto ha decrecido y hoy tenemos una cifra de 207 mil millones de pesos que además acaba de ser materia de un recorte.
¿Hay algunas fuentes de financiación?
Hoy en día las multas por cobrar en los procesos penales y otros activos ascienden a 20 billones de pesos, pero la falta de eficiencia en el marco legal hace que esos recursos se pierdan y cuando ya se busca que los criminales respondan con su patrimonio estos se han insolventado o los recursos se han perdido. Esa por ejemplo, que los recursos de la criminalidad sea uno de los que apropie el Estado y legitime en pro del aparato judicial, es una fuente de financiación importante.
Otro ejemplo creativo de fuente de financiación es que en los depósitos judiciales en el Banco Agrario hoy en día se tienen más de 4 billones de pesos, esos recursos se pueden movilizar e invertir transitoriamente para el funcionamiento del aparato judicial.
¿Qué se necesita para que esto se dé?
Estas propuestas se van a evaluar con las altas cortes, al interior de la Sala Administrativa, lo que esperamos es que cuando el Congreso reinicie las secciones ordinarias el 16 de marzo tengamos concluido un trabajo de diagnóstico y análisis de esas necesidades que presentaremos a los otros miembros del aparato judicial que son las distintas jurisdicciones y cortes que lo conforman.
Esperamos el compromiso de los congresistas con el sistema judicial colombiano; confiamos en que se sensibilicen y que tengamos políticos voceros del aparato judicial para la mejora en la prestación del servicio. Este es un tema del cual los políticos no se han ocupado mucho pero confiamos en que esta vez sí lo hagan por el bien de la justicia.
