Un juzgado condenó al Ministerio de Defensa a pagar más de $1.000 millones y conminó al Ejército a pedir perdón a los familiares de Carlos Arturo Madero, por su asesinato en 2007 a manos de soldados en el municipio de Codazzi, centro del Cesar.
Madero, quien trabajaba como mototaxista, fue detenido el 3 de abril de 2007 por tropas del Batallón La Popa en una estación de servicio. En su informe, los militares indicaron que era un extorsionista ultimado ese mismo día en un operativo, cerca de la vereda El Vallito.
La familia de Madero, de 27 años, comenzó entonces una lucha jurídica para limpiar su nombre y demostrar que era un hombre trabajador, padre de seis niños y víctima de agentes del Estado.
Nada nos lo devolverá. Efraín Madero aseguró que se dio un paso importante con este fallo, al quedar claro que su hermano era y es una persona inocente. 'Decidimos que fuera a través de la Ley que se demostrara todo, que se haga público, así como lo hicieron cuando lo asesinaron, indicando que era un extorsionista'.
El día que soldados mataron a Carlos, su mamá le había pedido que no saliera, que eran las 5 de la tarde, pero él respondió que 'todo estaba sano porque había Ejército en la vía', recordó Efraín.
Darkis Mendoza, abogada de las víctimas, calificó el proceso como dispendioso. 'Hubo apelación del Ministerio de Defensa, pero el fallo fue favorable para nosotros'.
El teniente coronel, Huber Pulido, comandante del Batallón La Popa, cumplió ayer con la solicitud de pedir perdón a la familia Madero, por orden del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar. La ceremonia se realizó en la sala de guerra de la base militar.
'Tan lamentable realidad, demostrada en algunos casos particulares como el que nos ocupa, es producto del actuar individual y excesivo de algunos servidores, y no obedece políticas de la institución. Sin embargo, es nuestro Ejército quien debe asumir la responsabilidad', declaró.
Por este homicidio, ocho militares están procesados y detenidos en la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá).
Procuraduría, garante
El procurador delegado para este acto, Casimiro Cuello, sostuvo que los organismos del Estado reconocen que estos hechos son lamentables y no deben repetirse. 'Fueron actos individuales que comprometen la responsabilidad de la Nación. Vemos que no solamente se procuró una indemnización, sino también que haya verdad y justicia, porque los que individualmente actuaron desviándose de la Ley están siendo procesados'.
