Una demanda por 2 billones 416 mil millones 900 mil pesos contra el Estado colombiano fue admitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla por la ruptura del Canal del Dique en el sur del Atlántico, donde resultaron afectadas 25 mil familias.
La acción de grupo que tiene como apoderados judiciales a los abogados Fernando Borda Castilla y Roberto Tapia Ahumada, es contra la Nación, porque en opinión de los juristas hubo fallas en el servicio por parte del Estado en la vigilancia y el mantenimiento del Canal del Dique.
También cobija al Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Vías, Ministerio del Interior y de Justicia, Departamento del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Corporación Autónoma Regional del Atlántico y la Corporación Regional del Canal del Dique, a fin de obtener la reparación de todos los afectados.
“Estamos pidiendo una indemnización para estas personas de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Repelón, Manatí, Candelaria, Suan y Sabanalarga con sus corregimientos afectados”, dijo Borda, al tiempo que señaló que 2 mil personas se han sumado a la acción, pero esperan que sean más.
Las pretensiones de la demanda son por esa suma teniendo en cuenta que comprende el daño emergente y el lucro cesante y el daño moral: a la vida en relación y daño a proyecto de vida.
También piden que como medida simbólica de reparación y conmemorativa de no repetición que se levante un monumento en el sitio exacto donde sucedieron los hechos para recordarle a las futuras generaciones que tienen que tener cuidado porque se ha roto en dos oportunidades”. dijo Borda.
El abogado Tapia explicó que de ganar la demanda el monto de la indemnización iría directamente a un fondo que creó la ley 472 de 1998 y que es manejado por la Defensoría del Pueblo, de tal forma que ni los abogados, ni el juez tienen la posibilidad de tocar esos dineros.
Los recursos los entregará la Defensoría del Pueblo a todos y cada uno de los accionantes.
“Esto es una garantía para evitar lo que se dice que sucedió en 1984 cuando también se abrió un boquete en el Sur y demandaron al Estado por $18 mil millones. En ese momento solo había reparaciones directas”, dijo Tapia.
El secretario Jurídico de la Gobernación, Pedro Aragón, dijo que tienen preparada la defensa y cuando se les notifique contestarán con las argumentaciones y las pruebas que consideran válidas.
Aragón explicó que examinarán cuál es el racionamiento de esa cuantía. “Tenemos que analizar por qué se llega a esa cifra, lo que piden que se indemnicen y si esos factores son indemnizables o no. Defenderemos los intereses del Departamento y del Patrimonio Público”, dijo Aragón.
El Juzgado también acogió la solicitud de amparo a la pobreza.
Por Alexandra De la Hoz
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